En una jornada legislativa cargada de tensiones, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma fue respaldada por 56 votos a favor, sin votos negativos ni abstenciones, en un contexto de creciente preocupación por el acceso y la calidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

El proyecto fue acompañado por senadores peronistas, radicales, provinciales y miembros del PRO, incluidos Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez. Este último destacó el abandono histórico que sufren las personas con discapacidad en Argentina y compartió su testimonio personal como padre de una hija con parálisis cerebral.

Qué establece la ley de emergencia en discapacidad

La ley aprobada contempla varios puntos clave para garantizar la continuidad y actualización de las prestaciones:

• Emergencia hasta diciembre de 2026, con revisión periódica.
• Actualización automática del nomenclador de prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• Recomposición de aranceles a partir del 1° de diciembre de 2023, de acuerdo con la inflación acumulada.
• Actualización mensual automática de las pensiones no contributivas.
• El valor de estas pensiones se mantiene en el 70% del haber jubilatorio mínimo.

El objetivo es evitar el desfinanciamiento de servicios esenciales, mejorar la cobertura y garantizar el acceso a tratamientos, acompañantes terapéuticos, transporte adaptado y centros de día, entre otros.

Testimonios: "La discapacidad sigue siendo invisible"

Uno de los discursos más emotivos de la sesión fue el del senador Luis Juez, quien compartió su experiencia como padre de Milagros, su hija con parálisis cerebral: "Los hijos con discapacidad son invisibles para la sociedad, que parece observar sin realmente ver. Existe un problema en la atención y el cuidado que reciben, y es urgente prestarles verdadera atención y apoyo".

Juez remarcó las dificultades estructurales que enfrentan las familias, incluso aquellas con cobertura médica privada, para acceder a los tratamientos necesarios.

El Gobierno no reconocerá la sesión y amenaza con judicializarla

Pese a que el proyecto fue aprobado por unanimidad, el Gobierno de Javier Milei anticipó que no reconocerá la legalidad de la sesión en la que también se aprobaron un aumento para jubilados y la prórroga de la moratoria previsional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró que: “El Gobierno no va a dar por válida la sesión y la va a judicializar”.

Desde el oficialismo aseguran que los dictámenes previos no fueron válidos por supuestas irregularidades en la convocatoria de la Comisión de Presupuesto, y que por lo tanto, todas las leyes votadas podrían quedar invalidadas si prospera la vía judicial.

Qué significa la emergencia en discapacidad para los beneficiarios

En medio de recortes, atraso en pagos a prestadores y pérdida de poder adquisitivo, la aprobación de esta ley representa un intento de dar previsibilidad y frenar el deterioro del sistema de atención a personas con discapacidad.

Si bien la norma ya fue sancionada, su aplicación quedará sujeta a la decisión del Poder Ejecutivo de promulgarla o no, y a la eventual resolución de una disputa judicial entre el Gobierno y el Congreso.