Edgardo Malaroda, ministro con rango de Embajador ante Alemania, se encuentra sumariado junto a su Jefe de Administración, Eduardo Lorenzo. Su proceso de investigación, cabe señalarse, fue dilatado especialmente por las autoridades de la Cancillería, al sólo fin de “salvar” al funcionario cuestionado.

En el Boletín Oficial del día de ayer fueron publicados solo dos de los diez ascensos a embajadores de la lista aprobada por el Senado. 

La estrategia que deliberadamente está llevando a cabo el canciller Jorge Faurie es la de fraccionar la aprobación de cada uno de los pliegos de los diplomáticos con el único fin de que pase inadvertido el decreto del cuestionado Malaroda.

En ese orden, el departamento de Recursos Humanos de la Cancillería, trasladó solo una de las denuncias contra el diplomático a la División de Sumarios.

Malaroda y su esposa, Verónica Albanesi, fueron denunciados por corrupción y maltrato laboral por parte de un chofer, una mucama y un mozo de la sede diplomática. "Esta es mi casa, y acá se hace lo que yo diga", les habría advertido la mujer a los empleados.

Según se supo hoy, la primera carta del chofer de la Representación quedó archivada en el cuarto piso de Esmeralda 1212. Profesionales del tema aseguran que era la más contundente e incriminatoria, ya que iba más allá del maltrato y aseguraba el uso indebido de recursos del Estado Nacional y malversación de fondos.

Fuentes del gobierno habrían señalado  que la decisión de remover a Malaroda de su cargo ya estaría tomada por la Casa Rosada. Incluso ya se sabe que las denuncias se encuentran presentadas ante el gobierno de Angela Merkel (Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, oficina de Protocolo de Estado). 

Es menester señalar que esta situación, al involucrar a ciudadanos alemanes, podría generar rispideces en la relación bilateral.

Miembros de “La Casa” aconsejan resolver la cuestión a fin de evitar males mayores. Una declaración de “persona no grata” por parte de la Cancillería Alemana, supondría un grave retroceso en la relación entre ambos países, y es un precio que el Gobierno nacional no estaría dispuesto pagar.