Mientras que el Senado prepara un dictamen para rechazar a Manuel García Mansilla como juez de la Corte Suprema, el Gobierno defiende que el magistrado designado por decreto deberá mantenerse frente al Máximo Tribunal hasta el fin del año legislativo aunque la Cámara lo voltee. Solo falta una firma para que el flamante juez pueda ser rechazado y la oposición quiere impulsar una sesión esta semana.

Según pudo saber este medio de la comisión de Acuerdos, ya hay dos dictámenes de rechazo presentados. Tal como anticipó BAE Negocios, el plan de la oposición consiste en conseguir las firmas antes de ir a sesión, puesto que de no tener dictamen necesitarían dos tercios para habilitar la votación. Con dictamen, solo necesitan 37 para el quórum y mínimo 25 botones rojos para rechazarlo (se requiere, para aprobarlo, los dos tercios de los presentes).

Por ahora solo suscriben en total 8 firmas, entre el peronismo, Guadalupe Tagliaferri (larretista del PRO) y el radical Martín Lousteau. Los ojos están puestos en en el resto de la UCR: Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada. 

El jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, -cercano a Mansilla- no firma en este caso, puesto que él no estaba presente en la audiencia del catedrático (lo reemplaza Abad). Él había colaborado con algunos de Unión por la Patria y el oficialismo a favor de la firma del pliego de Ariel Lijo, el segundo candidato del presidente Javier Milei, quien sí consiguió dictamen favorable en el Senado, pero no asumió ante la Corte por no renunciar a su juzgado federal.

La disputa se da en que la firma del senador José Mayans (UxP) puede no ser válida, justamente porque tampoco estaba presente durante la presentación de Mansilla. Con él, junto a los otros siete peronistas, destrabarían el dictamen. Tagliaferri habría sumado a un dictamen separado del de UxP junto a Lousteau, pero sin Mayans necesitarían a uno más de los otros tres radicales que siguen dudosos.

Por su parte, los miembros del oficialismo guardaron sus firmas a favor de Mansilla para bloquear el dictamen. Si ellos lo presentaran, el total de voluntades escalaría pero con mayoría en contra del pliego. Eso es lo que quieren evitar (para el dictamen solo cuenta el total).

De avanzar con el rechazo del pliego Mansilla, a quien la Corte ya le tomó juramento, se avecina una “crisis de las instituciones” en la que el propio tribunal deberá decidir sobre la validez de sus integrantes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó el anticipo de BAE Negocios: el Gobierno cree que le corresponde a Mansilla seguir en sus funciones, a pesar del rechazo del Senado.

“El rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato. Su designación fue realizada constitucionalmente y, si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre”, afirmó el ministro en diálogo con AM750.

Los integrantes de la Corte (incluido Mansilla) antes del discurso del Jefe de Estado

El argumento de basa en que el artículo 99 inciso 19 de la Carta Magna le atribuye al Presidente la facultad de designar en comisión a los jueces (o cualquier vacante que requiera acuerdo del Senado, mientras “ocurran durante su receso”, como fue el caso del retiro del exjuez de la Corte, Juan Carlos Maqueda) por un año legislativo. Este nombramiento temporal, según una interpretación jurídica, es una atribución aparte de la del Senado, el cual tiene constitucionalmente la facultad de designar a los jueces.

En ese sentido, la Cámara no puede rechazar el decreto simple del Ejecutivo y, en cambio, lo que trataría es el pliego: de rechazarlo, el decreto se mantiene válido. El problema interpretativo se basa en que, por otra parte, en el Congreso interpretan que al rechazar la candidatura, el nombramiento de Mansilla -en este caso- queda invalidado. “Lo que se establece para casos de emergencia es que cerrado el senado el PEN puede mediante decreto nombrarlos y duran en sus cargos máximo un año, no mínimo un año”, defendió una experta senadora que integra la comisión de Acuerdos, en diálogo con este diario.

El 30 de noviembre finaliza nuevamente el período legislativo y, para ese entonces, el Gobierno podría volver a designar por decreto a los jueces (tampoco se especifica, en el marco jurídico, que no pueda hacerlo consecutivamente). Con todo, ya para ese entonces las elecciones legislativas renovarían las bancas del Senado y el Gobierno podría nuevamente presentar el pliego del magistrado.