El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sostuvo que “hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, tras el arresto de tres hombres por el robo de un comercio en Pueyrredón. 

La Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes, dos ciudadanos chilenos y uno colombiano, que ingresaron a un local de electrodomésticos en Balvanera. Los efectivos hallaron 14 celulares robados.

El jefe de Gobierno porteño hizo referencia al hecho en su cuenta de X (ex Twitter), donde sostuvo que "se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo". 

"Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos", comentó Macri. Además, enfatizó que los detenidos "son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina". 

En enero de 2017, Mauricio Macri y su Gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. 

El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario, que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.

El decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021

En efecto, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. La modificación amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo alcanzaba con un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.

Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

La detención se produjo tras una llamada al 911, donde alertaron que tres hombres irrumpieron en un comercio de electrodomésticos en la calle Pueyrredón al 400, en el barrio porteño de Balvanera. 

Desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) lograron captar a los delincuentes, que escaparon en distintas direcciones y se desprendieron de una bolsa. Tras una revisión por la zona se halló catorce celulares en dicha bolsa. 

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 37 ordenó la detención de los tres imputados y el secuestro de los celulares.

Detuvieron a dos ciudadanos chileno y uno colombiano