El Gobierno mantendrá "reserva" y "algún margen de confidencialidad" como estrategia, mientras durante el proceso judicial en Estados Unidos por la estatización de YPF, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. 

Argentina se encuentra en un proceso legal por la expropiación y recuperación por parte del Estado de la petrolera YPF, ocurrida en 2012, tras una demanda del fondo Burford Capital. El Gobierno, que pretende privatizar la empresa, pidió una prórroga para pagar el resarcimiento de USD16.000 millones. 

 

La jueza Loretta Preska rechazó dicho pedido y estableció el 10 de enero como fecha límite para el pago. Sin embargo, el pago no se realizó, por lo que los litigantes ya están en condiciones de solicitar embargos sobre los activos del país que puedan encontrar en el exterior.

A su vez, la jueza de Nueva York no aceptará más pedidos de Argentina. Ante la consulta sobre la postura del Gobierno, el vocero aseguró: "Somos respetuosos de los procesos judiciales, entramos en una etapa sensible y de algún margen de confidencialidad que hemos optado por mantener en el tema en virtud de lo delicada de la situación". 

Los abogados representantes de Argentina en la causa sostuvieron en su pedido a la jueza que el país "no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía". En tanto, Preska consideró que "si este juicio es tan crítico, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata". 

Si bien la decisión de Preska significa un importante revés para Argentina, resta esperar la respuesta de la Corte de Apelaciones. Es que el Gobierno hizo un segundo pedido por 90 días para interiorizarse más en la causa. En ese segundo caso todavía no hubo respuesta.

Qué pidió Argentina en el juicio por YPF

"Circunstancias excepcionales justifican retrasar hasta el 22 de febrero -y no el 23 de enero- el plazo para los argumentos de la apelación", escribieron los abogados del país a la jueza de primera instancia de Nueva York.

“Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por USD 16.000 millones”, se lee en el escrito. Además, los abogados argumentaron que el monto que pide Preska representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.

La propuesta de Milei

En declaraciones televisivas, el presidente Javier Milei propuso crear la "tasa Kicillof", un "bono perpetuo" para abonar los USD16.000 millones que Argentina debe a los fondos buitres por el juicio de YPF.

Milei aseguró que "no hay plata", por lo que propuso la creación del impuesto que lleva el nombre del gobernador provincial, Axel Kicillof, que fue viceministro de Economía en 2012 durante el proceso de estatización de la petrolera. 

La idea, que según Milei es para pagar el "desaguisado de un amateur”, surgió luego de que la jueza Preska rechace el pedido de prórroga de los plazos de pago. 

El juicio con los fondos buitres

La jueza Preska determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos a los fondos Burford Capital, fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, que financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra la Argentina.

En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país, al determinar que hubo incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino y solo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que finalmente comprende un resarcimiento cercano a los USD16.000 millones. 

Para el Estado argentino, Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.