Si bien el proyecto de reforma judicial recién ingresó esta semana al Senado ya generó ruidos en Diputados, donde Juntos por el Cambio pone en duda la renovación del protocolo que regula las sesiones mixtas, que vence mañana, debido a que se opone a tratar de manera remota la iniciativa que propone una modificación de la estructura del Poder Judicial.

Desde que se pusieron en marcha las sesiones virtuales el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y la oposición lograron consensuar los temarios para cada debate en el recinto, lo que se transformó en una condición esencial para la prórroga del protocolo. Según fuentes de Juntos por el Cambio, en el interbloque no están dispuestos a “dar un tratamiento exprés, ni de forma virtual a un proyecto como el de reforma judicial", más allá del rechazo puntual a la iniciativa del Gobierno nacional.

En el oficialismo plantean que si el proyecto se vota en el Senado cerca de fines de agosto -como está pensado-, recién llegará a la Cámara Baja en un mes, por lo que no sería una traba para renovar el protocolo. Sin embargo, en Juntos por el Cambio no sólo creen que el tratamiento de la reforma judicial en la Cámara Alta será más breve de lo esperado, sino que además sostienen que “el sistema remoto viene funcionando mal” y que eso quedó al descubierto en la última sesión del martes pasado, cuando algunos legisladores tuvieron inconvenientes técnicos, a la par de otros que se ausentaron de la votación pero quedaron logueados.

"No podemos debatir la reforma judicial, que es un tema en el que no hay acuerdo, con los evidentes problemas de conectividad”, apuntaron en Juntos por el Cambio, desde donde volverán a plantear que sólo accederán a renovar el protocolo si se consensuan los proyectos a tratar en los próximos 30 días.

Según fuentes parlamentarias, en el oficialismo dan por descartado cualquier posibilidad de llevar adelante sesiones presenciales en el actual marco sanitario, más aún cuando la cantidad de contagios de COVID-19 está en alza; y, además, destacan que el sistema remoto “funciona perfectamente”, a excepción de algún que otro inconveniente particular, que de ninguna manera imposibilitó el tratamiento y la votación de proyectos “importantes” como el de moratoria, ampliación del Presupuesto o reestructuración de la deuda bajo legislación nacional.