La jueza federal María Servini quedó a cargo de dos denuncias presentadas  en los tribunales federales de Retiro vinculadas al decreto presidencial que estableció nuevas restricciones para enfrentar la segunda ola de la pandemia de coronavirus (Covid-19), una de ellas contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otra contra el expresidente Mauricio Macri.

Una de las denuncias la radicó la abogada Valeria Carreras contra el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y la referente del PRO, Patricia Bullrich, por "violación de medidas para la propagación de una epidemia y asonada".

En este caso, se los denunció por "atentar contra la salud pública mediante una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNI 241/2021 que restringe la presencialidad escolar, la reducción horaria de circulación para la ciudadanía y el cierre de comercios"

Esta normativa "apunta a frenar la segunda ola de contagios de Covid 19", sostuvo Carreras, quien aludió además a "sedición, en grado de tentativa".

"Deberá investigarse si los denunciados, todos ellos como dije miembros del mismo partido político PRO, todos ellos en roles de mando en la Ciudad de Buenos Aires, se han puesto de acuerdo para contrariar una disposición nacional, a fin que no sea aplicable en su jurisdicción", planteó.

La otra denuncia se presentó contra Macri y también resultó sorteada en el juzgado de Servini, por supuesta "instigación a cometer delito, resistencia o desobediencia a funcionario público y violación de medidas para la propagación de una epidemia", informaron fuentes judiciales.

En este caso el abogado Federico Paruolo denunció al expresidente por una publicación en la red social Twitter.

El mensaje publicado en la cuenta oficial de Macri el 15 de abril pasado fue: “Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo” .

"De ese modo ha realizado un virtual y real llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires. Dichas disposiciones son legítimas y obligatorias", concluyó el denunciante.

El viernes último, un fiscal de Morón, Javier Ignacio Baños, presentó una denuncia similar ante esa jurisdicción bonaerense.