FUERA DE CULPA

La Oficina Anticorrupción desligó a Milei del caso $LIBRA y descartó una infracción ética

Determinó que el Presidente no violó la Ley de Ética Pública al mencionar la criptomoneda desde su cuenta personal

BAE Negocios

La Oficina Anticorrupción (OA) concluyó que el presidente Javier Milei no incurrió en una infracción a la Ley de Ética Pública al referirse a la memecoin $LIBRA desde su perfil personal en redes sociales. El dictamen, fechado el 5 de junio, descomprime parcialmente la presión institucional sobre el mandatario en el marco del escándalo conocido como "Criptogate".

El organismo, que depende del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, afirmó en su resolución que Milei "no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado 'Viva la Libertad Proyect'".

La resolución remite al mensaje publicado por Milei el 14 de febrero desde su cuenta personal en X (@JMilei), cuando hizo referencia al proyecto vinculado a la criptomoneda LIBRA. La OA sostiene que el mensaje no puede interpretarse como un acto institucional, y evita referirse a "promoción" o "recomendación", sino únicamente es una "difusión".

Este enfoque replica el argumento esgrimido por el propio entorno presidencial, que insistió en que Milei actuó a título personal y no como jefe de Estado. No obstante, el episodio generó un temblor político y financiero, dada la volatilidad del activo digital en cuestión y el rol central que cumple la figura presidencial en los mercados.

La resolución administrativa no implica el cierre del caso judicial. La investigación penal sigue su curso en el fuero federal, donde se analiza si hubo algún tipo de conducta delictiva por parte del mandatario, su hermana Karina Milei y tres colaboradores vinculados al proyecto.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el 30 de mayo informes detallados sobre las líneas telefónicas asociadas a los hermanos Milei, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, los otros tres imputados en el expediente.

Aunque la OA despejó el frente administrativo, el proceso penal podría avanzar con nuevas medidas de prueba. En caso de detectar movimientos financieros o comunicaciones que contradigan la versión oficial, la causa podría tomar un giro de alto impacto institucional.

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