Sin tono protocolar, la OIT refrendó la vigencia de la potestad sindical en nuestro país y el no cumplimiento de la disposición 87 sobre libertad sindical y protección del derecho a agremiarse, tras un reclamo de la CTA Autónoma, que lidera Ricardo Peidró. Al mismo tiempo que el FMI dispara sus documentos globales sobre normativa para países deudores, como en el caso de reducción de jubilación mínima y modificación de topes para cese de edad laboral, la OIT subrayó para el capítulo argentino "la existencia de numerosas incompatibilidades entre la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 y las obligaciones fijadas por el Convenio 87". Así lo enfatizó el titular la Asociación Trabajadores del Estado, (ATE), Hugo Godoy puntualizando que los artículos 28, 29, 30, 38, 48 y 52 de la norma sobre potestad sindical "determinan facultades exclusivas a favor de los sindicatos con personería gremial".

El cuestionamiento de la OIT fue formulado por sus expertos durante los últimos 30 años y en tres ocasiones fue analizado en la comisión de normas, estamento principal de la OIT. Dato revisionista, la cuestión se viene repitiendo desde 1992, cuando algunos sindicatos dejaron la CGT para formar una alternativa, como la CTA. Las críticas de los órganos de control del organismo laboral fueron asumidas por la Corte Suprema según explicó Godoy. La OIT en su último dictamen remarcó "numerosas violaciones como la represión violenta de protestas gremiales, agresiones físicas y amenazas a trabajadores, detenciones, procesamientos y encarcelamiento de dirigentes, ataques a sedes sindicales; obstáculos y prohibiciones para realizar huelgas, sanciones, reemplazos y despidos y multas por acciones directas durante la conciliación obligatoria".