La Cámara de Diputados formalizó este lunes la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles, en la que bloques opositores buscarán aprobar una ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y genera máxima alerta en la Casa Rosada, que depende de esta herramienta para gobernar en medio de su debilidad parlamentaria.

La citación fue realizada por el secretario parlamentario, Adrián Pagan, a pedido de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios de Coherencia. El proyecto de reforma de la ley de DNU será el eje central de la sesión, tras la renuncia del diputado José Luis Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, que desplazó ese tema de la agenda principal.

La propuesta establece un plazo de 90 días para que el Congreso trate cada DNU. Si no lo hace dentro de ese lapso, el decreto queda automáticamente derogado. Además, dispone que para que un DNU permanezca vigente debe recibir la aprobación de ambas cámaras, y que si una lo rechaza, el decreto queda sin efecto. Esta última cláusula preocupa al oficialismo, ya que el peronismo conserva mayoría en el Senado.

Para convertirse en ley, la iniciativa necesita el respaldo de 129 diputados —una mayoría absoluta—, un número que no está garantizado. Ni el PRO ni la UCR firmaron dictámenes, por lo que podrían abstenerse o incluso acompañar al Gobierno en la votación, lo que añade incertidumbre al desenlace.

Pese a que Espert renunció a su cargo en la comisión, la oposición evalúa incorporar al temario los proyectos de expulsión presentados por Victoria Tolosa Paz y Facundo Manes. Sin embargo, sin los dos tercios necesarios, solo podrían lograr un emplazamiento para que las comisiones traten el tema.

La sesión incluirá además el debate sobre el Presupuesto. Los bloques opositores buscarán fijar el 20 de noviembre como fecha límite para la emisión del dictamen, con el objetivo de evitar que se repita la maniobra del año pasado, cuando el oficialismo clausuró el debate un día antes del plazo permitido.

Otro punto relevante será la votación de un proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Mario Lugones, a raíz de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que denuncian presuntas coimas en la compra de medicamentos.

El temario también contempla el concurso público para designar al titular de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La favorita es María Paz Bertero, funcionaria bonaerense con trayectoria en políticas de género. Además, se tratarán la declaración de emergencia en Ciencia, un programa de prevención del Alzheimer, la recomposición de fondos para la obra social de las Fuerzas Armadas y la reforma del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

La oposición buscará emplazar comisiones para avanzar en iniciativas sin dictamen, como los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También intentará declarar “nula de nulidad absoluta e insanable” la cláusula suspensiva del decreto 681/25, que establece la emergencia en materia de discapacidad.

Finalmente, la sesión abordará un expediente para reafirmar las atribuciones del Congreso sobre la toma de deuda externa, en medio de las negociaciones con Estados Unidos por un eventual “blindaje” financiero. El cierre estará marcado por el debate de un proyecto de los gobernadores para reformar la distribución del impuesto a los combustibles, con el objetivo de recuperar fondos que antes se destinaban a fideicomisos.