Mientras continúa el receso parlamentario, la oposición en Diputados ya tiene en vistas derogar otro DNU del presidente Javier Milei. Se trata del DNU 4/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el cual prorroga hasta el 31 de diciembre del 2027 el Fondo Nacional de Turismo y, de esta manera, mantiene el financiamiento del impuesto del 7% del precio de los pasajes al exterior. “Nuestra Constitución es clara: prohíbe al Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta, dictar por decreto normas de naturaleza tributaria”, recriminó Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, tras presentar este martes un proyecto de resolución para rechazarlo.

El DNU desató polémica porque, en definitiva, es la primera vez en la historia que se legisla sobre materia tributaria sin pasar por el Congreso. La Constitución establece, en su artículo 99, que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, aunque se trate de circunstancias excepcionales, si son normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.

El decreto dispone, con la prórroga del FNT, que siga siendo constituido por el impuesto que se cobra a viajes al exterior por vía aérea, fluvial, marítima o terrestre -salvo a países limítrofes-, que es uno de los ítems asignados en el artículo 24 de la Ley Nacional de Turismo. De hecho, se trata de una norma que estaba contemplada en el proyecto de Presupuesto 2025, el cual nunca consiguió ni dictamen de comisión -el Gobierno terminó por prorrogar, por segunda vez consecutiva, el del 2023-. 

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. (Foto: HCDN)

Todos los dedos apuntaron al secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli. “Lindo decreto para rechazar este año. Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste Scioli, el impuesto a los pasajes al exterior. Ni al peor colectivista se le hubiera ocurrido”, consideró Juan Manuel López, jefe de bloque, en su cuenta de X. Acompañó el pedido de nulidad junto con el resto de los integrantes: Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago.

“El Gobierno ´anti-casta´ que designó como secretario de turismo a uno de los máximos representantes de la casta, ahora busca habilitarle una cajota que en 2024 fue de 197.000 millones de pesos y que podría proyectarse a 300.000 millones en 2025, supuestamente para fomentar el turismo", denunció Ferraro, en otro posteo.

Es una de las primeras medidas del año, luego de que el jefe de Estado agitara que durante el 2025 iban a promover la eliminación del 90% de los impuestos de jurisdicción nacional, en el discurso que emitió por cadena nacional el 10 de diciembre por el aniversario de gestión.

Según pudo saber BAE Negocios de fuentes de Casa Rosada, en el Gobierno consideran que el DNU es legítimo, puesto que el impuesto en realidad ya estaba prorrogado hasta el 2027 por la ley 27.702, sancionada en 2022.

En ese sentido, el exdirector general de Aduanas, Guillermo Michel, alegó que “el impuesto sigue vigente, pero no su destino especifico” y, por ende, “no hay dudas de que para establecer una asignación específica se requiere una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de los miembros”. En ese sentido, consideró que el impuesto debería ser coparticipado hasta entonces lo resuelva el Congreso.

Las críticas abundaron también entre otros sectores políticos, incluso del PRO: el diputado Luciano Laspina se refirió la extensión del Fondo, aunque no se remitió a las formas. “Por DNU el Gobierno se extendió un fondo que financias cuando comprás un pasaje, para que el Estado y Scioli te cuenten que hay cataratas en el Norte y nueve en el Sur”, agitó en X.

Por su parte, en Unión por la Patria recriminaron, en línea con el planteo de la CC, que el DNU es inconstitucional pero, en coincidencia con el espíritu de prorrogar el impuesto, presentaron un proyecto de ley para que se extienda incluso más tiempo, hasta el 31 de diciembre del 2035. 

“De haberse tratado en el Congreso el proyecto de Presupuesto, no habría sido necesario recurrir a un DNU manifiestamente inconstitucional, poniendo en cuestión un fondo fundamental para el desarrollo turístico del país. La necesidad y urgencia no habilita violar la Constitución”, arremató la diputada de UxP, Carolina Gaillard.

El proyecto del peronismo propone además que el 50% de lo recaudado por los trámites arancelarios administrativos referentes a turismo realizados por la subsecretaria de Scioli -“o el organismo que en un futuro la reemplace”- sean destinados al fomento del turismo nacional.