Este miércoles la Cámara de Diputados planea avanzar con el dictamen de la reforma que cambia la reglamentación del tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). El Ejecutivo, mientras tanto, presiona a través de los gobernadores para dilatar el proyecto al menos antes de que terminen las sesiones ordinarias y evitar un tercer veto este año.

Como contó este diario, lo que buscan es modificar la ley 26.122, de autoría de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2006, sancionada durante la gestión de Néstor. Se puso sobre la lupa, principalmente, el artículo 24 que establece que se necesita el rechazo de ambas Cámaras para derogar un DNU. El único que se rechazó en la historia, desde la sanción de esa ley, es el DNU 654 del presidente Javier Milei, el cual le otorgaba $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Además de establecer que con el rechazo de una Cámara sea suficiente para voltear un DNU, quieren definir plazos de vigencia para que se deroguen si el Congreso no se expide en un tiempo determinado: las propuestas varían entre 30 y 120 días desde la presentación del jefe de Gabinete. A su vez, promueven la posibilidad de que las Cámaras aprueben o rechacen un DNU de forma parcial, que se prohiban los mega-decretos que abordan más de un tema (como el DNU 70/2023) y que se amplíe la comisión Bicameral de Trámite Legislativo -encargada de expedirse sobre esta facultad legislativa del Ejecutivo- de 8 a 12 miembros por Cámaras.

El plenario de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento tiene agendada una reunión este miércoles a las 17 para tratar los 15 proyectos presentados de parte de Encuentro Federal, la UCR, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y por Santa Cruz. Entre todos, sumarían las firmas para conseguir despacho de comisión mañana y llevarla al recinto en noviembre. Si apuran la convocatoria, podría votarse con la privatización de Aerolíneas Argentinas, que obtuvo hoy dictamen para ser tratada en la próxima sesión.

La oposición “dialoguista” se para firme en avanzar con este proyecto para limitar el alcance legislativo de Javier Milei, pero el retorno del acercamiento entre el oficialismo y la UCR post quiebre, sumado a los gobernadores, podría ser funcional para, al menos, dilatar el procedimiento. El jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, aseguró que no se habló del tema en la mesa parlamentaria de la semana pasada en Casa Rosada, de la cual se fue satisfecho por las promesas del Gobierno entorno a sus reclamos por Presupuesto 2025. 

La influencia quedará en evidencia mañana, si se adhieren para el dictamen la vicepresidenta de la UCR, Karina Banfi -que tiene firma doble por formar parte de ambas comisiones- ; la diputada Soledad Carrizo, que firmó la iniciativa de los radicales que ahora preside Pablo Juliano en el bloque Democracia; el radical afín a Milei, Francisco Monti; y la diputada Florencia Carignano. 

También será decisivo el rol de Unión por la Patria, que tiene 12 lugares en la comisión que preside Silvia Lospennato (PRO) y 14 en la que encabeza Nicolás Mayoraz (LLA). El peronismo se encuentra en la situación de contradecir la ley de CFK y, a su vez, limitar una facultad que les puede ser útil si vuelven a ser Gobierno. 

Todo por una ley que, al fin y al cabo, si pasa también en el Senado el jefe de Estado la vetará, según confirmaron en Balcarce 50: “No es el momento para discutirlo, son unos oportunistas”, sujetaron en diálogo con este medio. El PRO, a pesar de haber presentado sus propios proyectos en el pasado para impulsar esta reforma, acompañará al Gobierno bajo la misma línea. “¿Por qué ahora?”, cuestionó en una de las reuniones de comisión la diputada Silvana Giudici, habitué de Casa Rosada.