Con el avance de las negociaciones por el Presupuesto 2025 empezaron a resurgir las pulseadas que el Gobierno ganó durante los primeros diez meses de gestión. Los vetos que el presidente Javier Milei pudo blindar en el Congreso no cerraron la discusión y la oposición busca alternativas para que los jubilados, los gobernadores y los docentes universitarios tengan su porción de la torta sin alterar el déficit cero. Para ello, buscan recortarle la billetera al “triángulo de hierro”.

El bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, está trabajando una versión propia del presupuesto. Lo anticipó el diputado Nicolás Massot en la primera reunión de comisión, y su dictamen tiene como objetivo ampliar las partidas de los sectores más golpeados por el ajuste. La única forma de hacerlo, siguiendo la consigna del Ejecutivo, es recortando de otros lugares para no alterar las sagradas e inviolables metas fiscales de Milei.

El margen de negociación es limitado, puesto que, de no conseguir un acuerdo, el oficialismo no está reacio a prorrogar otra vez el Presupuesto 2023, que rige también este año. El congelamiento de las partidas representa un ajuste por default que, a su vez, le brinda discrecionalidad para poder reasignarlas a su gusto. Esto es lo que la oposición busca evitar, a toda costa, incluso en el marco del nuevo Presupuesto.

Karina Milei en el Congreso 

La hoja de ruta que presentó el Gobierno con el proyecto no satisface la desconfianza de la oposición y una de las cuestiones que pusieron sobre la mesa es que anticipen el destino del sobrante recaudado que podría darse si la inflación prevista -18,3% anual- es menor, y cuáles serían las partidas recortadas si las previsiones del Ejecutivo no se cumplen y la inflación es mayor. Esto fue discutido en conversaciones puertas adentro que comenzaron la semana pasada entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la oposición “dialoguista” de Diputados.

De allí trascendió que los recursos que quieren revisar incluyen a la billetera de la Secretaría de Presidencia, conducida por Karina Milei y la Secretaría de Inteligencia (SIDE), al mando de Sergio Neiffert, hombre del asesor Santiago Caputo. Oficinas que duplicaron sus recursos en el nuevo presupuesto, y que fueron altamente cuestionados desde que que Milei presentó el proyecto el 15 de septiembre en el Congreso.

También pusieron la lupa sobre el presupuesto de la AFIP, cuestionado principalmente por los sueldos de los funcionarios que hoy llegan a los 15 millones de pesos gracias a un concepto especial de jerarquización. A su vez, Massot pidió reformular las exenciones tributarias que para el año que viene representarían un 3,54% del PBI, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Estos son beneficios impositivos que gozan funcionarios y empresas, como las que operan en Tierra del Fuego, que mantiene un régimen diferencial -no se pudo eliminar en la Ley Bases-, o las que funcionan en el marco de la Economia del Conocimiento, fuertemente cuestionadas en la primera reunión de comisión de Presupuesto.

Todo esto apuntado a engrosarle los números a otros sectores. Con respecto de las jubilaciones, la oposición quiere volver a plantear la recomposición del 8,1% en los haberes que se propuso en la reforma previsional que vetó Milei -y que el oficialismo estaba dispuesto a mantener como negociación, en ese entonces-, y los giros interrumpidos de la Anses para las 13 cajas provinciales que adeudan con el Tesoro: el proyecto de Presupuesto contempla un crédito para el pago de anticipos exclusivamente a aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido o que surja de un acuerdo con la Anses del año 2021 o posterior.

Los gobernadores también quieren discutir el financiamiento de obras públicas nacionales y reactivar el Fondo Compensador del Interior -que subsidiaba el transporte público en las provincias-. Por último, también pusieron sobre la mesa la cuestión universitaria, ya que todavía insisten con la recomposición presupuestaria de 2024. La batalla por lo perdido por la inflación este año se suma que los 3,8 mil millones que el Gobierno planteó para el 2025 es insuficiente para los representantes del sector: el Consejo Interuniversitario Nacional pide otros 3,4 mil millones más. Se trata de unos de los frentes que el Gobierno cedió con tal de mantener su segundo veto.