La provincia de Buenos Aires reglamentó la inteligencia artificial dentro de toda la administración pública y se convirtió en la primera provincia en hacerlo. Con la Resolución 9/2025, firmada por la Subsecretaría de Gobierno Digital y publicada en el Boletín Oficial, la jurisdicción fijó parámetros obligatorios para diseñar, contratar y operar sistemas de IA en el Estado. 

Expertos del sector sostienen que Buenos Aires instala un antecedente que podría contagiar a otras jurisdicciones y empujar al Congreso a acelerar una ley nacional. La IA ya interviene en trámites, seguridad, salud y manejo de datos; la provincia decidió que, al menos en su territorio, lo haga bajo reglas claras.

El marco establece estándares mínimos para garantizar transparencia, seguridad y protección de derechos. Su arquitectura toma como referencia discusiones internacionales, desde la Unión Europea hasta la OCDE y la UNESCO, y ordena el uso de estas tecnologías bajo principios como neutralidad tecnológica, privacidad, trazabilidad, responsabilidad y prioridad del interés ciudadano. 

El corazón de la nueva regulación es la clasificación por niveles de riesgo:

• Riesgo inaceptable: directamente prohibido. Incluye sistemas que manipulen conductas, aprovechen vulnerabilidades o armen mecanismos de puntuación social.
• Alto riesgo: deberán superar evaluaciones de impacto rigurosas. Entran aquí la biometría, la gestión de infraestructuras críticas y herramientas vinculadas al sistema judicial.
• Riesgo limitado o nulo: reglas más livianas, pero igual obligadas a justificar su uso y demostrar razonabilidad.

Desde ahora, cualquier organismo debe informar a la ciudadanía cuando utilice sistemas automáticos en sus interacciones. También tiene que inscribir cada proyecto en el flamante Registro Provincial de Inteligencia Artificial, administrado por la Dirección Provincial de Innovación Digital.