La UCR presentó un proyecto de ley para otrogar una amnistía a las personas con causas penales por violar la cuarentena durante la pandemia de COVID-19, a raíz del escándalo en el que el presidente Alberto Fernández quedó involucrado por su participación en el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de julio pasado, en la Residencia de Olivos, cuando estaban prohibidos los encuentros sociales.  

Más activos en este tema que sus socios de Juntos por el Cambio, el radicalismo tuvo como primer reflejo impulsar el pedido de juicio político contra el mandatario, sin embargo, ante la dificultad que eso prospere en medio de la campaña electoral, resolvió presentar hoy una iniciativa para favorecer a un sector de los ciudadanos que arrastran causas judiciales por haber incumplido el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Según el artículo 2 de la iniciativa, "la amnistía general que concede esta ley comprende los casos de personas imputadas, procesadas y condenadas -en este último caso con sentencia firme o recurrida- por los hechos mencionados en el artículo 1°, e implica la extinción de la acción o la pena y sus accesorias, respectivamente".

El autor del proyecto, el radical Gustavo Menna, dijo a BAE Negocios que el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 20, establece que el Congreso tiene la posibilidad de conceder amnistías y señaló que hace tiempo Juntos por el Cambio venía cuestionando algunas de las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo nacional. "Además, ¿con qué legitimidad vamos a darle una sanción penal a quien no cumplió una norma si el que la creó no la cumplió?", agregó el legislador de la UCR, en referencia al presidente.

El diputado aclaró que mantener las causas penales en algunos casos "genera una afectación directa al derecho de igualdad ante la ley" y "le quita legitimación al Estado de perseguir a quienes infringen la ley".

Aún así la amnistía que el radicalismo propone no es para todos. En caso de aprobarse, no quedarán beneficiados por esta ley los funcionarios públicos que hayan violado el ASPO, así como tampoco las personas que estén imputadas por participar de reuniones sociales en lugares cerrados o abiertos o las que hayan quebrado la cuarentena correspondiente por contagio, contacto estrecho o arribo de viaje desde el exterior o desde otro lugar del país.

Uno de los puntos que destacó Menna sobre el proyecto, que cuenta con la firma de otros 14 diputados y diputadas del bloque radical, es que no se puede equiparar a quien "salió con al auto para ir a trabajar" con aquéllos que formaron parte de "fiestas clandestinas". En simultáneo, el legislador agregó que se dispusieron "medidas muy severas" a través de un DNU, que en muchas ocasiones, "se superponían con las dictadas a nivel provincial o municipal, generando confusión en los ciudadanos".  

En la bancada radical casi nadie cree que se pueda avanzar con esta iniciativa, mucho menos con el juicio político, que ni siquiera cuenta con el apoyo de la Coalición Cívica. En su lugar, el espacio que lidera Elisa Carrió propuso la creación de una comisión investigadora por el festejo de Yañez, sin embargo no tiene el acompañamiento de una parte importante de Juntos por el Cambio. Ante este panorama, en la coalición opositora se resignan a que sea la Justicia la que se pronuncie sobre lo que el propio Alberto Fernández catalogó como un delito en el DNU que él mismo firmó.