La anormalidad cotidiana que generó la pandemia desató un conflicto más en el escenario laboral de la administración pública. Un grupo de diputados de Cambiemos reclamaron que los empleados del Estado nacional regresen a la labor presencial y hubo reacción sindical. El proyecto de declaración incluye a los entes descentralizados y empresas públicas, iniciativa que desató una fuerte reacción desde ATE y la CTA Autónoma al considerar que con esa actitud los legisladores "propician el marketing político".

“Sólo apuntan a reforzar su rechazo ante la opinión pública de las políticas públicas del Gobierno”, apuntó a BAE Negocios el referente de la asociación de estatales y la central obrera Hugo Cachorro Godoy.

"La vuelta que estamos proponiendo es escalonada y exceptúa a los trabajadores en riesgo. Hay que tener en cuenta que si el Estado sigue funcionando de forma parcial, una parte de la sociedad no puede acceder a sus derechos, eso no puede seguir pasando", resumieron desde el frente opositor para enmarcar su iniciativa.

La misma lleva la firma de los diputadas/os Lidia Ascarate, Hernán Berisso, Sofia Brambilla, Omar de Marchi, Jorge Enriquez, Alejandro García, Mercedes Joury y Silvia Lospennato entre otros.

Más allá de que su propuesta establece que los agentes nacionales vuelvan a trabajar en las oficinas, con protocolos de aislamiento social ATE Nacional los acusó de “fogonear un clima de confrontación permanente”.

"Son muchos los sectores del Estado que están funcionando con labor presencial y a un altísimo costo, como los trabajadores de salud y seguridad", afirmó Godoy. En ese análisis también consideró ineludible contemplar que los docentes se desempeñan casi a su propio cargo de labores virtuales en medio de la emergencia Covid.

Desde otras organizaciones sindicales le recalcaron a este diario que para sumar ejemplos tanto ANSES como Desarrollo Social cumplen con labores “esenciales” en una mixtura de trabajo virtual y presencial. “Este sector de legisladores, no es nuevo, son parte de quienes vienen a la cuarentena, coincidentes con los terraplanistas que buscan una estrategia de ataque irracional contra toda política oficial" denunció Godoy para acotar que “quieren volver a cualquier precio al funcionamiento pleno”.

No es la única esfera oficial donde se debate los alcances del ASPO en cuanto al esquema estatal, en las últimas horas la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) a través de su titular Cynthia Benzión y María Paula Lozano, vicepresidenta, reclamaron ante la Corte Suprema que preside Carlos Rosnkrantz por lo que consideran como una “grave situación del fuero laboral” y el uso del "fondo anticíclico" que podría dar solución a los problemas estructurales de este ámbito, agravados en el contexto de la emergencia sanitaria.

“Muchos de los actos procesales que aun en este estado podrían realizarse no se efectúan, sea por dificultades técnicas o en razón de que los magistrados no adoptan las medidas necesarias para que se concreten. La variedad de posturas al respecto es infinita pero lo cierto es que desde hace ya siete meses podemos decir que casi todo está suspendido en lo esencial”, resume un párrafo de lo que la AAL presentó ante el máximo tribunal del país.