La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) advirtió que, si las cámaras patronales no conceden un aumento que eleve el salario mínimo vital y móvil a $2.344.728, activará la huelga nacional lanzada semanas atrás.

El gremio sostiene que esa cifra representa el ingreso necesario para garantizar una vida digna, de acuerdo con los principios del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, mensura con la cual negocian sus mejoras. A su vez, denunció que la gestión de Javier Milei otorgó “beneficios multimillonarios” a las empresas agroexportadoras, mientras el conflicto salarial se encuentra bajo conciliación obligatoria, dispuesta por la Secretaría de Trabajo a pedido del sector empresario.

“Hace tres semanas planteamos el pedido que venimos sosteniendo desde hace años, basado en el criterio del salario mínimo vital y móvil que establece la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo. Según los cálculos realizados junto a nuestros asesores, en base a la información del INDEC, el monto asciende a $2.344.728”, explicó el secretario general Daniel Yofra. “Las empresas volvieron a insistir en que quieren calcular el salario según la inflación; por eso hicimos una huelga y nos dictaron la conciliación obligatoria”, añadió.

Respecto de los términos de la tregua forzada fijada por el Ministerio de Capital Humano, desde la Federación recordaron que la misma vence a comienzos de noviembre, ya que el acuerdo estableció un plazo de quince días hábiles para continuar las negociaciones entre sindicatos y cámaras. “Si no logramos el aumento, vamos a ir a una huelga porque lo que estamos pidiendo es lo que necesita cualquier trabajador del país para vivir dignamente y cubrir las nueve necesidades que establece la Constitución: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, remarcaron.

De acuerdo con los estudios elaborados por el Departamento de Estadísticas de la Federación, basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del INDEC, el valor actualizado del Salario Mínimo asciende a $2.344.728 para septiembre de 2025, cuando se abrió la revisión paritaria firmada el 9 de abril.

“La vida es una moneda”

La Federación Aceitera calificó como “insuficiente y provocadora” la propuesta de las cámaras patronales, señalando que se trata del mismo sector “que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares” tras la decisión del Gobierno Nacional de suspender retenciones a las exportaciones.

“Frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa. Incluso, desde la perspectiva del costo laboral que suelen invocar en su negativa. Ese costo se redujo durante 2024 entre 1,7% y 2,4%, según la empresa. Aun si aceptaran el aumento que planteamos, el impacto sobre ese costo sería nulo”, subrayaron desde el sindicato.

La organización gremial también remarcó que el conflicto no puede analizarse aisladamente, sino en el marco del deterioro general de los ingresos reales del sector industrial. Los aceiteros vienen sosteniendo desde hace años un enfoque técnico y político en la discusión salarial, con el Salario Mínimo, Vital y Móvil real como parámetro objetivo y constitucional. Ese método, reivindicado incluso por otros gremios industriales, ha sido central en su estrategia para sostener una referencia que combine poder adquisitivo y justicia distributiva.

En ese contexto, la pulseada entre los aceiteros y las agroexportadoras no solo pone en juego una paritaria, sino también un modelo de negociación colectiva frente a un Gobierno que impulsa una reforma laboral estructural, orientada —según los gremios— a debilitar derechos y desfinanciar las organizaciones sindicales.

Desde la Federación, advierten que la defensa del salario es también una defensa del mercado interno y de la producción nacional. “El salario no es un costo, es la base del desarrollo”, reiteran en sus comunicados.

El desenlace de la negociación, previsto para los primeros días de noviembre, será un test clave para la dinámica de las paritarias del último trimestre del año. Su resolución podría anticipar el tono de los futuros acuerdos salariales en un escenario marcado por la inflación, el ajuste fiscal y la caída del consumo.