A pocas horas del paro de la CGT contra el Gobierno de Javier Milei, que parará la actividad en diferentes sectores como el del Transporte, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, prohibió filmar a manifestantes o efectuar requisas sin justificación alguna.

La medida apunta hacia el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, quien dijo que el paro "es una extorsión" y que desafió a Pablo Moyano a que sí quiere "que lleve los trabajadores a upa", al confirmar que aplicará el "protocolo Anti-Piquetes" en la marcha.

 

Ahora, mientras la marcha consigue apoyo internacional, el juez Kreplak hizo lugar a un hábeas corpus que presentaron habitantes de la provincia de Buenos Aires a través de un abogado donde se quejaron de las requisas que se hicieron en anteriores manifestaciones con Javier Milei ya en el poder.

Qué dice el fallo del juez

El reclamo que presentaron los habitantes, señala que la filmación y la requisa "son una afectación a sus derechos" puesto que en anteriores marchas se llevaron a cabo estas prácticas "sin justificación alguna" sobre manifestantes que se movilizaban en transporte público.

En su fallo, el juez sostuvo que una filmación o requisa "implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional".

"Las irregularidades se verían aún más agravadas si la intervención policial que incluya requisas no se plasmara en las actas pertinentes para su posterior control jurisdiccional", agregó.

Bullrich confirmó la Implementación del protocolo anti-piquetes

Patricia Bullrich dijo que su Ministerio "seguirá adelante con el protocolo para que el país viva en orden" y que "la calle no sea un desastre".

Para la ministra, el Gobierno está haciendo "una operación fuerte" y para ser exitoso necesita "que los diputados y senadores ayuden sacando las leyes" como el proyecto "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", bajo análisis de un plenario de comisiones en la Cámara baja.

Además, indicó que la línea 134, que fue habilitada para recibir denuncias sobre irregularidades cometidas por sindicatos y movimiento sociales, está "colapsada" y afirmó que están "acumulando muchísima información de gente que dice que la obligan a hacer paro".

Frente al "gran caudal" de acusaciones recibidas, el Gobierno también habilitó un correo electrónico para que, personas que se sientan obligadas a adherirse al paro, puedan registrar las denuncias correspondientes.