El gobierno libertario llevó al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, a defender la ley de Cristina Fernández de Kirchner que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU), ante la iniciativa de la oposición para reformarla y limitar el poder de legislar del presidente Javier Milei. Con un breve discurso descriptivo que se resigna a la normativa actual, el representante solo defendió que las circunstancias excepcionales que caracterizan el DNU son de valoración política y que el Congreso no tiene la obligación de aprobarlos sino de derogarlos, si lo desea, según dispone la Constitución. La oposición programa el dictamen para la semana que viene y el Presidente ya anticipó su veto.

“Listo, ¿cumplí con mis quince minutos, no?”, dijo el asesor al terminar su discurso ante la comisión de Asuntos Constitucionales, que dio inicio a la segunda reunión informativa sobre este proyecto este miércoles a las 17. Los otros doce invitados programados siguieron con sus exposiciones y no hubo lugar a preguntas para Barra, que se retiró poco tiempo después de que terminó de hablar. Se espera que sean 21 expositores en total, repartidos entre esta reunión y el miércoles que viene, en la que piensan dictaminar.

Los quince proyectos que presentaron de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la UCR y otros espacios “dialoguistas” esencialmente buscan que el proceso parlamentario requiera de el rechazo de ambas Cámaras y no solo una, como establece la ley actual, para derogarlo. Así es como la administración libertaria logra mantener el DNU 70/2023 -rechazado por el Senado, pero pendiente de ser tratado en Diputados-. El único decreto en la historia, desde la sanción de esta ley, que pudo ser invalidado por el Congreso fue el 656/2024, el cual le otorgaba $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sería el primer DNU rechazado por ambas cámaras.

En base a ese acuerdo, ahora buscan definir los plazos de vigencia para que los DNU se deroguen si el Congreso no se expide en un tiempo determinado. Se discute que sean entre 30 y 120 días desde la presentación del Jefe de Gabinete.

También promueven la posibilidad de que las Cámaras aprueben o rechacen un DNU parcialmente, que se prohiban los mega-decretos que abordan más de un tema, y que se amplíe la comisión Bicameral de Trámite Legislativo de 8 a 12 miembros por Cámara, entre otras cuestiones.

De esta manera, apuntan contra la Ley 26.122, de autoría de CFK durante el gobierno de su difunto esposo y expresidente Néstor Kirchner. Con el intento de modificarla, el oficialismo se encuentra en una encrucijada para defenderla: el argumento que defienden del espacio, junto al PRO -que en otras oportunidades también quiso impulsarla- es que es “hipócrita” querer restringir las facultades legislativas del Presidente ahora que se trata de Milei. Diputados del espacio, en diálogo con este medio, consideraron que en ese sentido era “muy complicado” el rol de Barra.

También pone en una situación incómoda al peronismo, que además es uno de los bloques con altas probabilidades de volver a ser Gobierno. Al no querer contradecir a CFK, se manejan cautelosamente y pueden sorprender en el recinto. Lo mismo sucede con Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada de Encuentro Federal, que según pudo saber BAE Negocios ya anticipa su abstención, debido a que apoyó esta ley en el 2006.

Según le confirmaron a este diario, el jefe de Estado planea vetarla, en caso de que consigan aprobarla. Por el momento, el desafío es dilatar su tratamiento, aunque la oposición cree tener el consenso necesario para dictaminar la semana que viene y llevarla al recinto en noviembre. El Gobierno busca en los votos de los gobernadores para sostener su veto, nuevamente.