Uno de los estudios privados con mayor dedicación al seguimiento de la negociación colectiva en los diferentes gremios semblanteó ejes preocupantes sobre las reformas estructurales que declama para lo inmediato la gestión de Javier Milei. Concluyen en que la política económica del gobierno libertaria atraviesa un punto de inflexión. Mientras la agenda pública sigue dominada por la crisis cambiaria, advierten que la Argentina enfrenta una profunda crisis de ingresos que compromete los salarios, el empleo y la estabilidad social.
El paper de "C-P Consultora" titulado “¿Cómo quiere que lo arregle?”, plantea tres factores críticos: paritarias a la baja, ajuste fiscal y deterioro del mercado de trabajo, en un contexto donde la reforma laboral aparece como eje estructural del programa oficial.
Vale acotar, como ya reseñó BAE Negocios, que los autores del relevamiento, entre ellos el economista Federico Pastrana, vienen desarrollando un seguimiento de las negociaciones paritarias desde el regreso de ese mecanismo de mejora salarial, luego de la crisis de 2001.

“Barcos que jamás han de zarpar”

El informe identifica una “ancla salarial exigente” como pilar de la estrategia antiinflacionaria del Gobierno. Esta política, sostiene, impone acuerdos paritarios sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que impide la recuperación del salario real incluso en meses de estabilidad de precios.
Tras la fuerte licuación posterior a la devaluación de diciembre de 2023 y un breve repunte durante la desinflación de 2024, el poder adquisitivo volvió a caer en 2025. “Aun con precios que aumentan menos del 2 % mensual, los salarios reales descienden, lo que muestra el costo social de la desinflación”, señala el estudio.
El relevamiento de 21 convenios colectivos muestra que entre enero y agosto de 2025 menos del 30% de las paritarias superó la inflación. C-P plantea una pregunta: “¿Se adelantan los efectos buscados de la reforma laboral que impulsa el Gobierno?”.

La consultora vincula la actual dinámica paritaria con la lógica de la reforma laboral en discusión. Según el trabajo, las empresas negocian bajo una pauta “de sostenibilidad operativa” que convalida la pérdida de ingresos y busca flexibilizar condiciones de trabajo.
En paralelo, aseveran que la Secretaría de Trabajo consolida su papel de árbitro pasivo: homologa acuerdos dentro del techo fijado por Economía y desactiva los mecanismos de revisión. “La negociación colectiva se volvió un instrumento de administración del ajuste”, resumen los técnicos.
El documento destaca además que la reforma laboral —al retomar el espíritu del DNU 70/2023— debilita la negociación colectiva y facilita la individualización del vínculo laboral, lo que trasladaría el riesgo económico al trabajador. “Las reformas laborales no crean empleo; moldean los esquemas regulatorios y las responsabilidades del capital, el trabajo y el Estado”, advierte.

“Si esa moneda hablara más de la cuenta”

Otro eje del informe es el ajuste sobre jubilaciones, programas sociales y salarios estatales, definido como el componente más regresivo del plan libertario.
Según los datos de C-P, los salarios públicos se ubican 14 % por debajo de su nivel de noviembre 2023, mientras que las jubilaciones mínimas cayeron 5,5 % en términos reales pese a la actualización mensual. En los programas sociales, el gasto real se redujo 35 % respecto de 2023, incluso con el refuerzo de la AUH.
“El superávit fiscal se volvió un objetivo innegociable dentro de la estrategia de estabilización —plantea el informe—, pero la distribución del ingreso resultante solo puede sostenerse si es socialmente tolerable. De lo contrario, la estabilidad será transitoria”.

"Cuatro puntos cardinales"

El mercado laboral refleja las consecuencias del ajuste, aseveran los investigadores. El empleo registrado permanece estancado y la recuperación industrial de 2024 no logró revertir la caída en el segundo semestre.
La tasa de desempleo ronda el 7,6 %, con crecimiento del pluriempleo y aumento de la informalidad, que ya abarca al 45 % de los asalariados. La pérdida de puestos formales fue compensada por ocupaciones inestables y cuentapropistas con ingresos 40 % menores a los trabajadores registrados.
La precarización, señala el informe, “se consolida como rasgo estructural de la economía argentina y retroalimenta la crisis de ingresos de los hogares”.

Para C-P, el Gobierno intenta suplir la ausencia de una política social compensatoria con una “apuesta a las reformas y a la apreciación cambiaria como sustitutos de la redistribución”. Sin embargo, esa estrategia genera un círculo vicioso: el deterioro del salario real limita el consumo, el menor consumo frena la actividad y la caída de la actividad agrava el desempleo.
“El gobierno se sostiene con un experimento rentístico-financiero que fracasa en la economía real”, afirma el documento, que describe un “vacío de política social” frente al deterioro de los ingresos y la “tensión de la tolerancia social que amenaza la reconstrucción de la gobernabilidad”, todo un desafío para gremios.

“Cartas sin marcar”

El cierre del informe es categórico: la reforma laboral no resolverá los problemas del empleo ni los ingresos, y puede agravarlos.
“Debilitar la negociación colectiva en este contexto profundizaría la fragilidad del salario real. Ningún país se desarrolló empobreciendo trabajadores”, concluye C-P.
La advertencia sintetiza el desafío de la Argentina actual: cómo recomponer el poder de compra y la equidad sin desmontar las estructuras de protección laboral que garantizan la paz social. Entre la retórica de la modernización y el peso real de la crisis de ingresos, el país se juega algo más que una cifra en el índice de precios: se juega el sentido mismo del trabajo como eje de dignidad y justicia social.