La reciente modificación para el sistema de obras sociales, a partir de una resolución emanada del ministerio de Salud tiene una variopinta evaluación en los sindicatos. Más allá de que en esas esferas la cuestión era descontada por el criterio de la administración libertaria, la reacción ofrece otro matiz de las diferencias inocultables que existen en el seno de la CGT, entre su núcleo dialoguista dominante y otras organizaciones.

Mientras se espera el debate de la mesa chica de Azopardo, que se iba a realizar el lunes, fue postergado y debería tener lugar este jueves, algunos sindicatos entre los cuales se encuentran los más afectados por los cambios dispuestos por la Casa Rosada, se reunieron en la sede de Capitanes de Ultramar a fin de bosquejar criterios para desarrollar reclamos judiciales.
La cuestión definida por la resolución 1/25 establece que cerca de 1.400.000 afiliados tendrán sus aportes direccionados a la prepaga que los atiende en forma directa, lo cual para varios sindicatos es un problema que se suma a la pauta salarial y a paritarias atravesadas por suspensiones, retiros voluntarios y cesantías.
Es el marco de referencia para las conclusiones de los dirigentes participantes en la sede del gremio marítimo, para quienes la resolución es un "despojo de salud y económico", que degrada a trabajadores y trabajadoras. 

El portal Infogremiales citó declaraciones de Roberto Passo, titular del Sindicato de Trabajadores del Automóvil Club Argentino, cuya obra social es Ospaca que cuenta con cerca de 20.000 afiliados. 
El gremialista expresó que su organización y otras van a tomar la senda judicial ante lo que consideran un mecanismo "que pone a los trabajadores en condición de usuario en vez de beneficiarios". Passo acotó que la resolución “ni siquiera está firmada por un funcionario de primera línea sino está rubricada por un asesor”. Consideran también que el impacto de la normativa se extiende a 4.000.000 de personas, considerando en esa cifra a los integrantes de las familias de quienes posee la prestación de salud.

Vale recordar que la resolución 1/25 establece que, a partir de este mes, los aportes de quienes utilicen empresas vayan en forma directa a las prepagas sin intermediación de las obras sociales. Es la dinámica por la cual el gobierno al evaluar la medida, la rotuló como "el fin de la triangulación" de esos fondos.
Hasta ahora el empleador enviaba al fisco el dinero retenido al trabajador y de allí era derivado a la obra social que, si tenía que abonar prestaciones contratadas a las prepagas, tomaba una parte. 
En su mayoría las obras sociales contaban con ese mecanismo y a partir de lo dispuesto por la Casa Rosada los sindicatos no tendrán acceso a fondos considerables. Si existe un elemento, que va más allá de lo económico en el análisis gremial "es que se avasalla el espíritu solidario del sistema".
En definitiva un factor que se suma, en cuanto a servicios de salud, a la gravitación de otros vectores como el trabajo no registrado, el deterioro salarial apreciado también en la pérdida de poder adquisitivo y la evasión patronal.