El gobierno de Estados Unidos presentará un amicus curiae en apoyo a la Argentina en la disputa judicial por la petrolera YPF. Según confirmó el especialista Sebastián Maril, el Departamento de Justicia intervendrá ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para respaldar la solicitud argentina de extender la suspensión del fallo que ordena la entrega del 51% de las acciones estatales de YPF a los fondos demandantes.

La medida surge por decisión institucional del Departamento de Justicia, bajo la actual administración de Donald Trump, y replica una estrategia similar implementada durante el gobierno de Joe Biden. En 2023, el mismo organismo ya había presentado un amicus en favor de la Argentina, argumentando que la entrega de acciones de YPF “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos”.

Este nuevo respaldo se enmarca en el litigio por la expropiación de YPF en 2012. La jueza Loretta Preska ya falló contra la Argentina, y ordenó un resarcimiento de USD 16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio del Grupo Petersen, exaccionista de la petrolera, por aproximadamente USD 16,6 millones.

Actualmente, rige una suspensión momentánea sobre el traspaso de acciones, que fue dispuesta mientras se desarrolla el proceso de apelación. El amicus busca garantizar que esa pausa se mantenga hasta que la justicia estadounidense defina el fondo de la cuestión.

Maril explicó a la agencia Noticias Argentinas que el amicus representa "el apoyo explícito de una parte independiente a una persona, entidad o país dentro de un caso", y que su efecto es “agregar argumentos favorables para que el juez o los jueces sean persuadidos y fallen a favor de esta persona”.

No obstante, aclaró que "por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones". Según el analista, el interés de Estados Unidos se centra en la posible afectación a la soberanía de la Argentina si el traspaso se concreta antes de que finalice la apelación.

A pesar del respaldo previo del gobierno norteamericano, Preska lo desestimó y falló en contra de la Argentina. La nueva presentación apunta a cambiar ese rumbo. La apelación argentina aún no fue resuelta por la Cámara, pero el tiempo corre. El lunes pasado, Preska volvió a rechazar una solicitud del gobierno argentino y ratificó la orden de entrega del paquete accionario. La magistrada consideró que "el daño alegado surge directamente de las propias acciones de la República, al demorar y evadir sus obligaciones bajo el fallo".

Según los documentos judiciales, el Estado argentino enfrenta una fecha límite inminente. Si no alcanza un acuerdo con los fondos en cuestión o entrega las acciones a tiempo, podría ser declarado en desacato.

El gobierno de Javier Milei ya inició la apelación y advirtió que agotará todas las instancias, incluso la Corte Suprema estadounidense. Sin embargo, la ley argentina prohíbe la transferencia de acciones expropiadas de YPF sin autorización previa del Congreso.

El caso suma presión política. Milei responsabilizó al actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue el principal impulsor político y técnico de la nacionalización de YPF mientras era viceministro de Economía. Kicillof respondió acusando al presidente de tener vínculos con los fondos demandantes y afirmó que “YPF no puede ser privatizada por un juez extranjero”.

La presentación del Departamento de Justicia se inscribe en este contexto, con impacto directo sobre el calendario judicial y político. Mientras se define la apelación, la suspensión del fallo aparece como la última barrera para evitar la cesión inmediata del control de la empresa energética más importante del país.