El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias, con lo cual el paro que esa organización sindical había decretado para este vierne quedó suspendido.

La medida de fuerza iba a abarcar la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, en tanto que la tregua forzada aplicada por la secretaría de Trabajo es por 15 días hábiles y obliga al gremio y a las cámaras empresarias a continuar negociando como lo remarcaron desde la Casa Rosada.

Respecto a la exigencia de mejoras de sueldo y como lo publicó BAE Negocios, los choferes de colectivos ya fueron notificados que no tendrán incremento en sus haberes hasta junio, de mínima, dentro de la reestructuración de subsidios que realizó la gestión libertaria.

Con la huelga de los choferes en rango de cosa juzgada y obligados a seguir las conversaciones con las patronales, se abre un interrogante adicional y potente en el movimiento obrero.

Si bien la UTA manifestó su adhesión al paro general de la CGT, fijado para el 10 de abril, esa fecha quedó comprendida dentro de la tregua forzada.

Al respecto este diario consultó a diferentes especialistas en derecho laboral y sindical, que coincidieron en que la conciliación "si bien no priva a la organización sindical de plegarse al paro de la CGT le asiste la alternativa de excusarse por la medida impuesta por el Gobierno".

Sabido es que a la hora de mensurar el impacto de una huelga general, que en este caso sería la tercera que la CGT decretó contra la gestión de Javier Milei, la adhesión de los gremios del transporte público, es relevante para definir el "músculo" de una medida de fuerza que la CGT se encarga de remarcar como "inamovible".

Sin el mínimo espacio para sorpresa, desde la Casa Rosada subrayaron que la decisión se adoptó luego de que tres cámaras empresarias del sector solicitarán la intervención del Estado. En el comunicado oficial aseveran que la medida fue impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

Vale recordar que por las 15 jornadas hábiles tanto el gremio como las cámaras empresarias deberán abstenerse de medidas de fuerza o aplicar sanciones, en el caso de las empleadoras.

"La conciliación tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes", subrayó la cartera laboral.

Desde hace años la UTA tiene el récord de conciliaciones obligatorias dictadas por gobiernos de diferente signo político y en más de una ocasión "esperadas" por esa cúpula sindical por diversas razones.