El debate sobre la reforma laboral volvió al centro de la escena tras los resultados electorales que fortalecieron al oficialismo. En ese marco, el Gobierno insiste en avanzar con cambios estructurales para "modernizar" el mercado de trabajo y el sector pyme se prepara para una discusión clave. Diversos empresarios y analistas coincidieron en la necesidad de implementar una actualización normativa que promueva el empleo formal, aunque adviertieron que no puede hacerse a costa de la supervivencia de las pymes.

Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia y la CAME, su vicepresidenta, Claudia Fernández, consideró que el proceso debe encararse "con equidad" y recordó que las pymes atraviesan un escenario de pérdida de rentabilidad, caída del consumo y escaso acceso al crédito y reclamó que cualquier modificación incluya también una reforma tributaria que alivie la presión fiscal. "No puede haber reforma laboral sin reforma impositiva", sostuvo al marcar que las micro y pequeñas empresas "ya no resisten más costos fijos".

Fernández expresó la preocupación del sector por la "industria del juicio laboral", un fenómeno que impacta con fuerza en los comercios más pequeños. Explicó que los litigios se extienden durante años y terminan afectando tanto a empleadores como a empleados. Para la dirigente, el nuevo marco normativo debería garantizar previsibilidad jurídica sin debilitar los derechos de los trabajadores. "Debe haber equidad y diálogo entre todos los actores, no decisiones unilaterales", subrayó.

 

El reclamo por una agenda integral

La empresaria también pidió que el Gobierno incorpore en el debate a todas las cámaras nacionales y aclaró que las pymes no se oponen a los cambios pero sí a la falta de consenso. "El borrador que circula no es el que se nos había anticipado. Hay puntos que generan incertidumbre, como las indemnizaciones en cuotas o la negociación individual por productividad", señaló.

Desde la CAME, el vocero Salvador Femenía coincidió en la necesidad de una reforma que otorgue previsibilidad y reglas claras, pero advirtió que los cambios deben ir acompañados por medidas fiscales y crediticias. A su juicio, el país necesita un marco que promueva la inversión y el empleo formal sin debilitar las protecciones laborales. "Lo que se busca no es eliminar derechos sino generar un equilibrio que incentive la contratación y reduzca la informalidad", planteó.

Femenía remarcó que casi la mitad del empleo argentino sigue en negro y que esa cifra evidencia el fracaso del sistema actual. Según explicó, las pymes no pueden sostener los costos y temen enfrentar juicios millonarios. Por eso, desde CAME proponen una reforma laboral y tributaria conjunta que simplifique las cargas sociales y acelere la resolución de conflictos. "Cada juicio laboral que se pierde termina con una pyme cerrada", advirtió. El empresario valoró el tono más conciliador del Presidente en sus últimas reuniones con los gobernadores, aunque pidió que ese diálogo se traduzca en acuerdos concretos. "Las pymes necesitan señales de estabilidad porque sin previsibilidad no hay inversión ni empleo", resumió.

 

Visiones críticas

Desde otra perspectiva, el titular de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), Leo Bilanski, cuestionó la orientación del plan oficial. Señaló que en la primera etapa de la gestión de Javier Milei cerraron más de 18.000 pymes y se perdieron 225.000 puestos de trabajo, por lo cual advirtió que una reforma centrada en la flexibilización solo agravará ese escenario.

Bilanski denunció que las reformas laboral, tributaria y previsional que impulsa el Gobierno "benefician a los más ricos" y reducen los derechos adquiridos. En su análisis, el modelo propuesto "no apunta a mejorar los salarios ni la calidad del empleo sino a abaratar los costos a cualquier precio". Asimismo, consideró que las medidas proyectadas, como las jornadas más extensas o los pagos parciales con tickets, "retrotraen a Argentina a un esquema de desigualdad estructural".

El empresario aseguró que detrás del discurso de modernización se esconde una política de ajuste que achica el mercado interno. "Con trabajadores empobrecidos no hay consumo y sin consumo las pymes se funden", sostuvo. Bilanski explicó que la competitividad no debe medirse por una baja del salario sino por la capacidad de producir y de vender más.

 

Una mirada técnica

Si bien reconoció que la estructura laboral argentina necesita actualización, especialmente para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la estacionalidad de ciertos rubros, Pablo Furnari planteó que el debate requiere no solo equilibrio sino también pragmatismo e insistió en que el objetivo debe ser promover la formalidad y no debilitar las protecciones laborales.

El especialista en negocios internacionales explicó que las pymes enfrentan problemas particulares: la rigidez salarial impide premiar la productividad individual y muchas veces genera conflictos internos. Sin embargo, aclaró que la negociación por empresa no es la solución si no se establecen parámetros claros que eviten abusos. "Una flexibilización controlada podría reducir la informalidad y fomentar la contratación, pero solo si se acompaña de transparencia y confianza mutua", evaluó. El especialista también señaló que el elevado costo laboral es un obstáculo estructural. "El trabajador cobra $870.000 en mano, pero a la empresa le cuesta más de $1,2 millón. Esa brecha desalienta la creación de empleo formal", apuntó. En su visión, el desafío pasa por reducir la carga patronal sin afectar los ingresos del trabajador.

Furnari consideró indispensable incluir en el debate a los sindicatos y a las cámaras empresarias. "Si la reforma logra modernizar las relaciones laborales y reducir la informalidad será positiva, pero si se transforma en un ajuste encubierto profundizará la desigualdad", concluyó.