La Justicia ordenó a las fuerzas de seguridad no interferir en la Marcha LGBTQ+
Un fallo del Juzgado Federal N°1 de La Plata hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo, instando a las autoridades a evitar restricciones arbitrarias y garantizar el derecho a la protesta pacífica en la movilización de hoy frente al Congreso
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de La Plata resolvió hoy que las fuerzas de seguridad no podrán interceptar, filmar ni requisar a los manifestantes sin orden judicial previa durante la Marcha Federal del Orgullo "Antifascista y Antirracista", prevista para esta tarde en el Congreso Nacional.
La medida surge tras un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por el abogado Martín Ertola en representación de Matías Peñalva y otros ciudadanos, con el fin de evitar detenciones arbitrarias o restricciones indebidas al derecho a la protesta.
El juez Alejo Ramos Padilla, a cargo de la resolución, exhortó al Ministerio de Seguridad de la Nación y a su par bonaerense a garantizar que no haya represión ni limitaciones arbitrarias a los manifestantes.
Garantía del derecho a la protestaEl fallo responde a la preocupación de los peticionantes sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en protestas previas y la posible aplicación del "protocolo antipiquetes", que habilita a la policía a bloquear accesos y dispersar manifestaciones.
En su dictamen, Ramos Padilla subrayó que el derecho a la protesta social está protegido por la Constitución y tratados internacionales. Además, ordenó a las autoridades informar antes del mediodía si existen protocolos especiales para la jornada de hoy que puedan afectar la manifestación.
"Es fundamental que la ciudadanía tenga garantías de que podrá manifestarse libremente sin temor a represalias o detenciones arbitrarias", sostuvo el juez en su resolución.
La movilización de este 1° de febrero tiene como eje principal la defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ+, en un contexto marcado por declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos, donde criticó la denominada "agenda woke".
Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones sociales manifestaron su preocupación ante posibles restricciones a la protesta, en un escenario de mayor tensión política y social.
