La Superintendencia de Servicios de Salud se comprometió antes diferentes entidades que se ocupan de temas de discapacidad a derogar en forma definitiva la resolución 1231 que restringió la cantidad de terapias, horarios y establecimientos donde realizar los tratamientos de habilitación y rehabilitación.

La resolución de la Superintendencia, " avasallaba los tratados internacionales en la materia de los que Argentina es parte", según destacaron las organizaciones. "El gobierno emitió esta resolución argumentando que les servía para ahorrar algunos recursos, mientras que en 2016 decretaron el ajuste a la discapacidad cuando quitaron 1.000 millones de dólares destinados a prestaciones y servicios de salud (decreto 908), para colocarlos en bonos 2020 de la bicicleta financiera. Con esta medida las personas con mayor necesidad de rehabilitación, se verían obligadas a ajustarse a solo tres sesiones a la semana, sin considerar las necesidades particulares de la persona en tratamiento", indicó Pedro Ávalos, quien padece cuadriplejia desde niño y coordina además el movimiento Ciudad Accesible.

Entre las organizaciones firmante se contaron Madres Autoconvocadas, el Observatorio del Derechos de las Personas con Discapacidad, la Asociación De Electrodependientes, Padres TGD Red Federal y el área de Discapacidad ATE, entre otras.