El aguinaldo, un beneficio laboral fundamental en Argentina, fue instituido por la Ley 20.744 en el año 1945, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Desde entonces, se consolidó como un derecho inalienable para todos aquellos empleados en relación de dependencia, consistente en el pago de un adicional equivalente a la mitad de la mejor remuneración mensual devengada por el trabajador en los seis meses anteriores a su pago. Este beneficio se abona en dos períodos: el primero, en junio, correspondiente a la primera mitad del año, y el segundo, en diciembre, al cierre del ejercicio anual.

Con la asunción de Javier Milei a la presidencia, el aguinaldo enfrenta un panorama de incertidumbre ante posibles reformas laborales que el gobierno ha manifestado la intención de implementar. Milei, conocido por su enfoque libertario en cuestiones económicas y su intención de realizar ajustes significativos en las políticas laborales, podría plantear cambios en la forma en que se calculan y se otorgan estos pagos adicionales. Aunque en la actualidad el aguinaldo sigue siendo un derecho protegido por la ley, las declaraciones del presidente sugieren que su administración evalúa la posibilidad de revisar y modificar el marco normativo en torno a beneficios como el aguinaldo, en línea con sus propuestas de flexibilización laboral.

Desde la llegada de Milei al poder, los trabajadores han mantenido atención constante sobre los anuncios gubernamentales, ya que cualquier alteración en el aguinaldo podría repercutir significativamente en su poder adquisitivo y en la estructura de ingresos de los sectores más vulnerables. En este contexto de consultas y posibles reformas, el aguinaldo se mantiene como un tema clave en el debate sobre los derechos laborales en Argentina, reflejando no solo la historia económica del país, sino también la tensión entre las visiones de crecimiento económico y la protección de los trabajadores en un marco de nuevas políticas.