El gobierno del presidente Javier Milei prepara un decreto que plantea la disolución de Vialidad Nacional, junto a otros organismos y entidades en materia de transporte y movilidad. ¿Qué significa esto y qué implica?

Según La Nación, la idea es asegurar la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Si bien todavía no se sabe cuándo se oficializaría la medida, el Gobierno tiene un plazo hasta el viernes 4 de julio para hacerlo, ya que el lunes 8 de julio se vencen las facultades especiales que les permiten avanzar con este tipo de cambios sin la necesidad de pasar por el Congreso. 

En esa línea, fuentes cercanas al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguran que los textos ya están listos y que la medida podría revelarse en cualquier momento.

 El Gobierno apunta a que distintos organismos dejen de replicar las mismas tareas

¿Por qué el Gobierno busca eliminar estos organismos? Según afirmaron, existe una superposición de funciones entre las entidades que buscan absorber y otras ya existentes, como así pasa con la ANSV, la Comisión Nacional de Tránsito y la Subsecretaría de Transporte Automotor.

De esta manera, el oficialismo apunta a un sistema más fácil y eficaz, sin la necesidad de que varias entidades se encarguen de las mismas tareas.

El cierre de Vialidad Nacional implica que, a partir de la oficialización de la medida, será Gendarmería Nacional  la que se le delegarán todas las tareas que realizaban desde el otro organismo. Entre ellas, se espera que se ocupen de tareas de fiscalización, control, prevención y detección de infracciones viales en rutas nacionales, Áreas de Control Integrado (ACI) y Pasos Internacionales (PI).

Lejos de ser algo en contra de las normas, la Ley N°24.449 avala este cambio: el dictamen afirma que tanto la Agencia Nacional de Seguridad Vial como Gendarmería pueden ocuparse del cumplimiento de esas tareas. 

También se contempla la creación de una Agencia de Control de Concesiones de Transporte, cuyo rol será chequear la fiscalización de contratos relacionados con obras viales, servicios ferroviarios y transporte público de jurisdicción nacional.

Por otro lado, se espera que haya una transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte: será renombrada como la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y se centrará solo en el ámbito aeronáutico.