Según el Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), los hechos de apremios ilegales en el sistema penal argentino constituyen un elemento estructural, extendido y persistente en el tiempo.

A 8 años de su creación y puesta en funcionamiento, el informe que conlleva un trabajo sostenido durante años de relevamiento, descripción e interpretación de las prácticas de tortura constituye una política institucional, llevada a cabo por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos.

Es así como en el año 2017, el RNCT registró un total de 1.408 víctimas que permiten la individualización de 5.328 hechos de tortura y/o malos tratos penitenciarios.

El trabajo de campo del RNCT, al que accedió BAE Negocios, abarcó 10 unidades penales de la Provincia de Buenos Aires;  6 unidades penales y 1 alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. También se relevaron víctimas en otras 14 cárceles federales, 1 alcaldía federal, 6 unidades de servicios penitenciarios provinciales como Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Juan y, por último, 3 institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se relevaron víctimas en otras 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, y 7 centros cerrados del organismo provincial de niñez y adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.

Respecto a los resultados del Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos por parte de las policías y otras fuerzas de seguridad durante el año 2017, durante el año pasado, se registraron 971 hechos de malos tratos y/o torturas ejercidos en las instancias ya mencionadas sobre 218 víctimas. Esta sección contempla el proceso de aprehensión, traslado y alojamiento en la comisaría del detenido.

Por último, las ¨agresiones físicas, amenazas, robo y daño de pertenencias falta y/o deficiente alimentación, asistencia a la salud, pésimas condiciones de detención, entre otras, son prácticas policiales violentas regulares y sistemáticas en territorio urbano contra personas de sectores sociales marginados¨, denunció el RNCT a través del informe.