El embarazo adolescente bajó un 20% en los últimos tres años en la Argentina, anunció ayer el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Castelli, durante una jornada sobre embarazo no intencional en la adolescencia que se realizó en la ciudad de Salta.

"En 2015 hubo 111.699 nacimientos de madres adolescentes menores de 20 años. En 2018 bajó a 87.118", aseguró Castelli durante la Jornada Prevenir y Actuar frente a los abusos sexuales y embarazos en la niñez y adolescencia.

Hace tres años hubo también "108.912 embarazos de niñas de entre 15 y 19 años. El año pasado la cifra fue de 84.768", detalló el funcionario a Télam. "Esta reducción del 20% del embarazo adolescente es fruto del trabajo interinstitucional de Nación y provincias, porque en un país federal, son los gobiernos locales quienes implementan las políticas públicas", señaló Castelli, que también destacó "la tarea conjunta con la sociedad civil".

La actividad en la capital salteña fue organizada por el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas y Unicef.

Salta es una de las 12 provincias donde se aplica el ENIA, distritos que "fueron seleccionados por tener las tasas más elevadas" de embarazos adolescentes, explicó a esta agencia, la socióloga Silvina Ramos, coordinadora del Plan.

Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja y la provincia de Buenos Aires, son las otras provincias donde se aplica el proyecto gubernamental. En el conurbano bonaerense se incluyó a Lanús, San Isidro, Quilmes, Almirante Brown, San Martín y Morón.

"Dentro de esas provincias, trabajamos en 36 departamentos donde identificamos escuelas. Allí se capacitó a más de 12.000 docentes para atender la demanda de casi el 50% de adolescentes de cada distrito", detalló el titular de Niñez.

"Una niña no debería ser madre. Una niña necesita jugar, soñar, y la violencia contra su integridad física y la imposición de llevar adelante un embarazo y una maternidad forzada es una vulneración brutal de sus derechos y de su vida. Tenemos que hablar de esto y trabajar en conjunto", pidió la socióloga Ramos.