El decreto establece que cada nuevo centro de verificación deberá contar con un ingeniero responsable que supervise las operaciones, garantice la transparencia del proceso y firme las actas de inspección.

Este profesional será el enlace técnico entre el taller y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Deberá estar registrado y autorizado para operar, al igual que el resto del personal.

Las verificaciones se cargarán en un sistema digital centralizado, lo que permitirá auditar cada control, detectar irregularidades y mantener un estándar único sin importar la sede.

La normativa también contempla capacitaciones obligatorias para el personal técnico y auditorías regulares que aseguren que el servicio se preste con criterios homogéneos en todo el país.