Una pregunta que actualmente se hacen en las empresas, es ¿con quién no estamos relacionados?, en el ámbito mundial es una pregunta común, sin embargo, en Argentina comenzó a tomar fuerza desde el año pasado con la promulgación de la Ley 27.401 relacionada con la Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas, la cual establece en su artículo 23 que las empresas podrán implementar procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de sus terceros o socios de negocios con los que se relacionan, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios.

Dentro del marco referencial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se define la debida diligencia como "el proceso que deben llevar a cabo las empresas para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan estos impactos negativos reales y potenciales en sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales."

Desde el marco internacional, las empresas argentinas están siendo más exigidas en los términos de tener que demostrar si están en cumplimiento con los elementos de integridad que permitan demostrar una gestión transparente, este marco de exigencia también se está elevando el modelo de verificación en las propias empresas por parte de personal de las empresas internacionales con las que las locales se están relacionando.

En el caso de las PyMES, la Oficina Anticorrupción acaba de promulgar la "Guía para la implementación de programas de integridad en PyMES", esto será una herramienta muy útil para que las PyMES puedan generar condiciones mínimas de cumplimiento en el ámbito de transparencia e integridad conforme a lo requerido en la Ley 27.401. Asimismo, le permite a estas empresas cumplir y responder ante los terceros que requieren de un cumplimiento en los términos de esta Ley, generando de igual forma una relación más transparente.

Actualmente, se observa un crecimiento sobre la gestión y evaluación de los terceros en el ámbito de integridad, la cual no se está viendo propiamente generada por la obligación de cumplir con procesos administrativos en los que la Ley presenta algunas restricciones, sino por el propio mercado de terceros privados que están viendo en estas exigencias una mayor sustentabilidad de sus operaciones como consecuencia su razón de negocio, evaluando de forma profunda los elementos de riesgos que introducen los terceros en sus procesos de negocio, permitiéndole a las empresas actuar de forma preventiva, estableciendo mitigantes en la relación por lo que podría ser la materialización de los riesgos generados.

Ante tal exigencia de gestión, las empresas han tenido que conformar equipos que apoyen a las áreas internas en la verificación del marco de transparencia e integridad de sus terceros, sin embargo, esto representa en algunos casos un aumento de los costos, ya que se debe invertir una cantidad considerable de horas para obtener un nivel razonable de certeza sobre la integridad y transparencia de las empresas. Para esta tarea de búsqueda de información se debe considerar la automatización, como un mecanismo de apoyo y agilización para la verificación de sus terceros.

Ante los volúmenes de información que se está manejando a nivel mundial, la alternativa de automatización para cumplir sus procesos de debida diligencia va en aumento, debido a los volúmenes de información que se podrían encontrar disponible, y donde no toda es 100% confiable.

* Director de Compliance de Lisicki Litvin & Asociados