La incorporación de una perspectiva de género en el Presupuesto responde a diferentes acuerdos internacionales asumidos por Argentina, como la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer en Naciones Unidas, la Plataforma de Acción de Beijín (que demandó incorporar perspectiva de género en la política general) y la Agenda 2030 aprobada por la ONU, en donde se reconoce la igualdad.

El Estado, desde los diferentes ámbitos, puso en ejercicio distintos mecanismos para dar un efectivo cumplimiento a la legislación vigente que requiere de actividades y de acciones concretas para dar ejecución a una tutela efectiva de los derechos.

Una iniciativa conjunta entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía permite la identificación y la evaluación presupuestaria de las políticas transversales a la administración pública nacional en materia de género. Allí se visualiza un aumento de las partidas relacionadas con políticas con esta orientación, generando impacto directo en la administración de brechas y desigualdades.

Se trata de iniciativas como el establecimiento de entornos laborales igualitarios, el desarrollo profesional de las mujeres y diversidades, la erradicación de las violencias por razones de género en el ámbito productivo, la inclusión financiera con perspectiva de género, las acciones integrales para la igualdad en el ámbito productivo, la capacitación para promover la igualdad de oportunidades y la producción de información con enfoque de género.

Las acciones

En el Presupuesto se identifican dos grupos de acciones en relación con la perspectiva de género. Una que impacta directamente en la sociedad con acciones de apoyo de empleo y otra iniciativa de naturaleza interna en cuanto a la capacitación, difusión y producción de material para la concientización sobre la temática.

Presupuestariamente, los programas con impacto en género ascienden a $639.381,8 millones, con protagonismo en las áreas del Ministerio de Trabajo y las prestaciones previsionales por moratoria, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la pensión para madres con siete hijos.

Analizando el desempeño de los principales programas vinculados con las políticas de género, una de las acciones que mejoran la calidad de vida representando externalidades positivas para las mujeres es el caso de la AUH, dando cobertura a más de 4,3 millones de beneficiarios, en donde el rol de la mujer es vital como administradora del beneficio recibido.

En cuanto a la promoción y a la asistencia social, observamos las políticas alimentarias, los programas de inclusión socioproductiva y desarrollo local, como Potenciar Trabajo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.

Por otra parte, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad ha ejecutado el 71,39% de su presupuesto de $17.582 millones. Aquí cabe destacar el programa Acompañar, con $818,9 millones de ejecución, y la Secretaria Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, con la ejecución de $149,6 millones por la Ley Brisa, que asiste en la reparación de derechos a los hijos de las víctimas de femicidio.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, con distintas políticas enfocadas en reducir las brechas de género, como las líneas de inversión productiva, en donde se otorgaron préstamos por $1085,6 millones; los créditos para capital de trabajo con el fin de reactivar sectores en donde las empresas son direccionadas por mujeres, y 51 créditos por $34,85 millones en las provincias.

Según un informe de BICE, se destinaron USD2,8 millones para emprendimientos y desarrollos de parques industriales priorizando a las empresarias.

En materia de salud, se contemplan el desarrollo de la salud sexual y reproductiva responsable, con un presupuesto de $1.832 millones, la prevención del embarazo adolescente, las intervenciones de salud perinatal enfocadas en reducir las desigualdades y la entrega de 3,7 millones de tratamientos en salud sexual y reproductiva que garantizan el acceso gratuito a diversos métodos anticonceptivos.

En lo que respecta al ámbito judicial, se destaca el abordaje en prevención de la violencia y de la familia, la sensibilización y la prevención del grooming, el acompañamiento de las víctimas de violencia de género y los delitos contra la integridad sexual.

Acceso laboral

Mediante el Decreto N° 7/19, se modificó la Ley de Ministerios que creó la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad como respuesta al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y diversidades frente a toda forma de discriminación y violencia, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.

La división sexual del trabajo asigna a las mujeres la responsabilidad sobre las tareas de cuidado, influyendo de este modo en la educación y en la formación profesional.

Si se analizan los datos del mercado laboral se observan grandes desigualdades. En primer lugar, vemos que en la tasa de actividad para los mayores de 14 años, las mujeres representaron el 48,4%, mientras que los varones compusieron el 69,1%, lo que sugiere que hay menos mujeres buscando empleo.

En lo referente a la desocupación, para la población de 14 años y más, la tasa de desempleo fue de 10,4% para las mujeres y de 9% para los varones, por lo que las mujeres sufren más la desocupación. La situación es similar en la tasa de empleo: las mujeres conformaron el 43,4% y los varones representaron el 62,9%.

Los datos de la encuesta permanente de hogares (EPH) relevada por el Indec para el primer trimestre de 2021 muestra que las mujeres representan el 98,7% de los puestos ocupados en casas particulares, el 74,9% en enseñanza y el 71,6% en los servicios sociales y de salud, reflejando de esta forma una fuerte feminización en las áreas de cuidado.

Según esta misma fuente, el ingreso medio de los varones es de $48.570, mientras que el de las mujeres es de $36.123. Las diferencias son evidentes.