La función empresarial del Estado: el caso de Aerolíneas Argentinas
El debate por las empresas públicas, su rentabilidad y su función en la salvaguarda del patrimonio y la provisión de servicios de interés general se reedita, una vez más, tras la llegada al poder de un nuevo gobierno de corte neoliberal. Así, el caso de Aerolíneas Argentinas aparece como paradigmático de estas tensiones.
Desde la década de 1990 a la actualidad, la función empresarial del Estado ha ocupado un rol central en el debate público, no solamente por los vaivenes en su definición (con etapas de achicamiento del Estado y privatizaciones y otras de ampliación y re-estatización), sino también por las oscilaciones de la opinión pública a este respecto.
De acuerdo con la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (N° 24156/1992), las empresas estatales son “las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
En general, son empresas pertenecientes a rubros estratégicos, que además en muchos casos exigen elevados costos para el ingreso a la actividad. Entre ellas, las más conocidas (y actualmente debatidas) son
- Ferrocarriles Argentinos
- Correo Argentino
- ARSAT
- Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)
- Fabricaciones Militares
Y Aerolíneas Argentinas, sobre la cual el Gobierno anunció conversaciones para privatizarla. Es fundamental resaltar que, más allá de estas precisiones, las empresas estatales no tienen a la maximización de las ganancias como su primer objetivo, a diferencia de las entidades del sector privado. Por el contrario, el cumplimiento de un servicio público y la provisión y la administración de bienes de interés general son las principales metas de las empresas del Estado, incluso por delante de la rentabilidad y los objetivos exclusivamente económicos.
Los últimos meses han visto a una empresa estatal en particular, Aerolíneas Argentinas, en las tapas de los diarios y en los resúmenes informativos de los noticieros debido al conflicto gremial, aún activo e incluso in crescendo.
Han abundado los titulares que califican de “salvajes” a los recientes paros del personal de la aerolínea, a la vez que se han publicado recibos de sueldo que, alternativamente, intentan justificar o denostar las medidas gremiales.
Las diferencias son abismales entre esta situación y la de apenas cuatro años atrás, cuando se enaltecía la misión de la aerolínea de bandera al traer las vacunas contra el COVID-19 para la población, o la de hace pocos meses, cuando la aerolínea participó, junto con las Fuerzas Armadas, de la operación “Regreso Seguro”, que devolvió a territorio argentino a connacionales que se encontraban en Israel al momento del ataque de Hamas y la sucesiva escalada del conflicto bélico.
De esta manera, puede deducirse que existen distintos aspectos que están en tensión al momento de discutir el presente y el futuro de Aerolíneas Argentinas, a pesar de que muchas veces se intenta limitar el tema a la racionalidad económica y empresarial. Precisamente porque la lógica de las empresas públicas tiene objetivos que trascienden a la maximización de las utilidades, el lugar para la discusión política es amplio y transversal en la historia de la compañía.
Cuándo se creó Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas fue creada durante la primera presidencia de Perón, en la posguerra inmediata y en un contexto de fuerte impulso nacionalista, en el que el espacio geopolítico estaba rearmándose, a la vez que la importancia del transporte aerocomercial empezaba a ser evidente.
Posteriormente, en la década de 1970, la empresa se expandió gracias a la renovación de parte de su flota, pero contrajo importantes deudas durante la dictadura para el financiamiento de otras actividades, ajenas a su rubro. No por efecto de la casualidad, su privatización llegó en 1989: en el marco del modelo neoliberal que aplicó, Carlos Menem buscó hacer de Aerolíneas Argentinas un ejemplo en medio de la sed privatizadora de la época, dado que se necesitaban fondos para saldar deudas.
Fue necesario el paso de casi dos décadas para su re-estatización. Ésta, al igual que su privatización, no tuvo una justificación predominantemente técnica: si bien en el Congreso se alzaron este tipo de argumentos, la cuestión de fondo radicó en las posturas políticas estatistas y anti estatistas de los bloques en pugna.
Es absolutamente transparente en qué extremo del espectro en relación con las empresas públicas se encuentra un presidente que define al Estado como una “organización criminal”, más allá de que se ha ocupado de pregonar su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas y otras tantas empresas estatales. Sin embargo, el hecho de que el rol empresarial del Estado tenga sus propias particularidades deja espacio para otro detalle nada menor: la importancia de la legitimidad social.
Tal como sucedió con los movimientos pasados en Aerolíneas, difícilmente un cambio de esa magnitud sea viable con un fuerte disenso por parte de la sociedad civil.
De esta forma, y a pesar de que, como es evidente, el consenso social frente a este tema ha sido errático en las pasadas décadas, será fundamental el ejercicio de la memoria al momento de evaluar qué políticas apoyamos como sociedad.
