Eran los comienzos de 2018 y la economía argentina comenzaba a vivir su peor momento. En su austero despacho de la sala José Hernández de la Casa Rosada, el ahora ex asesor presidencial y ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, recibía a dos importantes empresarios que le reclamaban por la no llegada de inversiones y el fin del crédito. "Rompan el canuto, como le hicimos hacer a la clase media", afirman que contestó el también ex dueño de Farmacity. Al retirarse del lugar, ofuscado por la respuesta, uno de los empresarios le dijo a su compañero en la reunión: "Nos piden que rompamos el canuto pero él está por vender sus acciones de Farmacity en 15 millones de dólares".

El otro empresario calló. La bronca era tal que ni hablar quería. Los rumores que corrían en los ambientes de negocios se confirmaron pocos meses después, cuando la venta de la cadenas de farmacias se efectivizó. A los pocos meses, Quintana renunció a su cargo y se despidió de sus empleados con un poema budista. Había incrementado su patrimonio en un 673% en 2018 para alcanzar una fortuna de $541.033.101,32 según se desprendió de su declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción.

La anécdota sirve para mostrar como el "rompan el canuto" del macrismo -que terminó fundiendo a las pymes y dañando a las multinacionales- afectó a todas las clases y todos los estratos sociales, con una clase media que derritió las tarjetas de crédito para no bajar en su estilo de vida y con una clase baja que debió ajustarse el cinturón como nunca lo había hecho desde la crisis del 2001. "Romper el canuto", en la jerga del macrismo, fue gastarse los ahorros para sobrevivir de la mejor manera posible.

En este contexto, el gobierno de Alberto, que conoce bien esta situación, le ha declarado la guerra a la inflación y el aumento de precios. No sólo porque sabe que los argentinos no cuentan ya casi con ahorros para no desbarrancar en la pirámide social, sino porque los economistas que lo rodean le dicen la verdad: desde el 2010 la economía argentina tiene un problema de inercia inflacionaria que establecía un piso en torno del 20%, que se mantuvo en ese número hasta 2015. Por la devaluación del macrismo (más del 600% en cuatro años), las subas de tarifas (más del 200% en el mismo lapso), la suba en los contratos de alquileres y en las tasas de los créditos, la tasa inercial de inflación que deja el macrismo no baja del 40% para 2020.

En este grado de fiebre de precios, el llamado oficial a un amplio acuerdo social parece poco para lograr una política de estabilización de precios. Los economistas del peronismo saben que el enemigo está en las remarcadoras de precios. "Los acuerdos distributivos son una lata de sardinas en el desierto si no bajamos la inflación", repite uno de los economistas más locuaces del albertismo.

Los pasos a seguir para morigerar la suba de precios parecen ser cuatro por ahora: un congelamiento temporario de precios, tarifas y tipo de cambio mientras se negocian las paritarias (con sumas fijas a cuenta para "pasar el verano"); una activa política de monitoreo de precios de los acuerdos alcanzados para evitar aumentos excesivos (la CGT tratando de controlar las góndolas va en ese camino); la consolidación final de la nueva nominalidad, para la convergencia de la política cambiaria, tarifaria y de tasas de interés (con una posible extensión del congelamiento a los alquileres). Y la última etapa, la de normalización: frenada la inflación por abajo del 40% inercial, se vuelve a la negociación libre de paritarias. Todo esto, afirman en el Gobierno, no tomará menos de 180 días. Un tiempo menor para las administraciones que entran, pero decisivo para el humor social. Y por qué no decirlo, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero.