El "efecto aguinaldo" se hizo notar y junio cerró con un déficit financiero devengado de $2,7 billones
El gasto en los aguinaldos del personal estatal y principalmente los jubilados, además de un aumento en los intereses, impactó en el resultado fiscal del mes pasado, como es habitual por razones estacionales
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, no podrán evitar que los diarios, canales, radios y portales titulen el próximo miércoles 16 de julio un resultado fiscal deficitario para junio, el primero de 2025, a raíz del impacto estacional que suele ocurrir ese mes, por el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos y, principalmente, a más de 7 millones de jubilados y pensionados.
La noticia que la Secretaría de Hacienda tiene previsto difundir ese día no será una sorpresa y venía siendo anticipada tanto por diferentes economistas como por el propio equipo económico, pero no dejará de representar una preocupación adicional en un contexto de cierta inestabilidad cambiaria y complicaciones de índole política en el inicio de la campaña electoral.
Como adelanto a lo que se presentará oficialmente el miércoles próximo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) difundieron sus respectivos informes sobre el resultado fiscal del mes pasado en su etapa devengada, que arrojó un déficit primario de $1.019.024 millones que, por el pago de intereses por $1.724.756 millones, pasó a mostrar un desbalance financiero de $2.743.781 millones.
De todos modos, el Ministerio de Economía tiene como carta favorable la posibilidad de mostrar un resultado fiscal acumulado del primer semestre, en el que hubo un superávit primario de $6.729.196 millones y financiero de $1.637.723 millones, aunque si se computan las utilidades transferidas por el Banco Central al Tesoro las cifras se incrementan a $19.027.363 millones y $13.935.890 millones, respectivamente.
Los números que dará a conocer la semana próxima el Palacio de Hacienda pueden no coincidir con los señalados por cuestiones metodológicas, ya que la OPC y la ASAP presentan el resultado devengado de la Administración Pública Nacional (APN), en tanto Economía informa el resultado pagado de todo el Sector Público No Financiero, que además incluye a las empresas públicas y los fondos fiduciarios, estos últimos en su “despedida” del cálculo, ya que por su disolución total dejarán de incidir en los resultados a partir de agosto.
Esas diferencias suelen darse habitualmente -por ejemplo, en marzo hubo superávit pagado y déficit devengado- debido a que el sector público suele no ser puntual en los pagos de algunas obligaciones (transferencias a provincias y universidades, subsidios, pagos a proveedores, entre otros) y que a veces los compromisos devengados a finales de un mes se pagan en los primeros días del siguiente.
Eso fue lo que pasó hace un año: en junio hubo un déficit financiero devengado de $1,82 billones pero un superávit pagado de $238.188 millones, pero en julio los términos se invirtieron, con un déficit devengado de $650.000 millones y un superávit pagado de $3.530 millones.
El “efecto aguinaldo”
La dimensión del impacto de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario queda en evidencia al comparar los gastos en personal y en jubilaciones y pensiones de mayo y de junio.
Según los datos relevados por la OPC, el gasto en personal (las remuneraciones a los empleados de la APN) pasó de un mes al otro de $1,1 billón a $1,5 billón, mientras que los de jubilaciones y pensiones se elevó de $4,1 billones en mayo a $6 billones en junio, es decir que entre ambos conceptos el incremento del gasto fue de $2,3 billones en un solo mes.
La comparación interanual
Más allá de la danza de números, la OPC puntualizó que los resultados presentaron una desmejora en términos reales respecto de junio y del primer semestre de 2024, “debido a que los ingresos cayeron más que los gastos”.
Al respecto, incidieron de manera negativa el final de la vigencia del impuesto PAIS y los aumentos en las prestaciones sociales (+4,6% en junio y +15,5% en el semestre) y en las transferencias a las provincias (+56,4% y +172,7%, respectivamente).
En sentido inverso, ayudaron a mantener el resultado superavitario los recortes en subsidios económicos (-50,1% en junio y -58,8% en seis meses), los intereses de la deuda (-19,7% en el semestre, aunque subieron 222,2% el mes pasado) y gastos en personal (-10,1% en junio y -9,7% en la primera mitad del año).
Los ingresos
En cuanto a los ingresos totales, hubo una caída real interanual del 0,6% entre enero y junio, aunque se se computan las utilidades del BCRA esa baja se transforma en una suba del 19,4%.
En esa evolución, la caída del 99,9% en el impuesto PAIS fue determinante, aunque también incidió la merma real del 12,9% en la recaudación del impuesto a las Ganancias, por el ingreso de los saldos de sociedades en mayo y junio del año pasado.
Entre los rubros que inclinaron la balanza hacia un resultado favorable o, al menos, no tan negativo, se anotaron los aumentos a valores constantes de los derechos de importación (+16%), IVA (+3,7%) y Seguridad Social (+25,4%).
Las perspectivas para el resto del año
Los analistas observarán con atención el desempeño fiscal de la segunda mitad del año, para saber si el Gobierno podrá cumplir con su compromiso de alcanzar un superávit primario equivalente al 1,6% del PBI.
En ese sentido, la última presentación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que el Banco Central recopiló entre consultoras y bancos de inversión, confirmó el convencimiento unánime de que el superávit fiscal está asegurado, ante la defensa a ultranza del Gobierno del equilibrio en las cuentas públicas.
Si hiciera falta un refuerzo de ese compromiso, los recortes al gasto que implican los últimos anuncios de cierres, fusiones y restructuraciones de organismos agregarían unos $600.000 millones al saldo favorable que el equipo económico presentará en los primeros días de 2026 al Fondo Monetario Internacional (FMI).
No obstante, los mismos analistas recomiendan seguir con atención la relación de Milei con los gobernadores -ante el reclamo de un aumento de las transferencias a las provincias- y la oposición en el Congreso -en un final abierto respecto al proyecto de aumento de las jubilaciones y nueva moratoria previsional- en lo que podría convertirse en el gran obstáculo para alcanzar los objetivos fiscales oficiales.
