El costo fiscal adicional que derivaría de la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica ascendería en 2025 a $1.265.914,6 millones  y a más de $2,5 billones en 2026, generando “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica” con “perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”, señaló hoy el Gobierno nacional.

La posición del Poder Ejecutivo se detalló en los considerandos de los decretos 759/2025 y 760/2025, ambos publicados hoy en el Boletín Oficial, por medio de los que se promulgaron respectivamente las leyes 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y 27.796 de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.

Pese a las promulgaciones, la ejecución de las dos leyes quedará suspendida hasta tanto el Congreso “determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere”, según lo establecido en la ley 24.629.

 

Esa ley sancionada en 1996 establece en su artículo quinto que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos” y que de no hacerlo “quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

 

Financiamiento Universitario

En los fundamentos de la suspensión de la ejecución de la ley 27.795, el Poder Ejecutivo indica que la norma introduce “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades públicas, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente de dichas universidades” y detalla el costo fiscal de esos cambios.

 

• Por la actualización resultante de la inflación acumulada entre el 1°de mayo y el 31 de diciembre de 2024: $123.358.213.085 en 2025.
• Por la adecuación de las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas: $617.847.532.000 en el ejercicio actual y $2.008.377.852.000 en 2026.
• Por la incorporación de esas sumas a los salarios básicos: $178.984.054.000 en 2025 y $490.459.716.000 en 2026.
• Por la actualización de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano: $72.840.933.495 en 2025.
• Por la actualización de las Becas Progresar: $76.614.000.000 en 2025.

 

 

“La ejecución de la totalidad de la ley bajo análisis conlleva un costo de aproximadamente $1.069.644.600.000 para el presupuesto de 2025”, concluyó el Gobierno en los considerandos.

 

Emergencia Pediátrica

 

En lo que respecta a la ley 27.796, se justificó la suspensión de su ejecución en que su costo fiscal “alcanzaría la suma de $196.270 millones”, en un contexto marcado por un déficit presupuestario del Ministerio de Salud de $102.400 millones.

El Gobierno agregó que “además de carecer de una fuente de financiamiento, en las condiciones actuales, la ejecución de la Ley N° 27.796 solo podría llevarse adelante desfinanciando programas esenciales de salud”.

“Ello se debe a que, con el fin de implementar la ley, deberían desfinanciarse programas sanitarios vigentes y erosionar recursos destinados para prestar asistencia en emergencias”, completó.

 

Incremento del gasto

 

Con argumentos similares en los considerandos de los dos decretos, el Gobierno citó el artículo 38 de la ley 24.1456 de Administración Financiera, que indica que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, un requisito que, aseguró, el Congreso evitó especificar “de manera fehaciente”.

Por el contrario, recordó que el Poder Ejecutivo había vetado la ley de Financiamiento Universitario el 10 de septiembre por entender que “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.

 

“Un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”, añadió.

Del mismo modo, también suspendió la ejecución de la ley de Emergencia Pediátrica, al aducir que “cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos que se pretenden asumir, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar”.