En lo que representó el debut ante los actores de la producción, el secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, anticipó al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, que se buscará la sanción de un proyecto de derogación de la ley de Abastecimiento, para evitar presiones hacia el sector empresario.

Lavigne se reunió con el titular de la UIA y con el director ejecutivo de la entidad, Diego Coatz, para garantizarles que habrá un fuerte canal de diálogo entre el gobierno y los industriales. En una señal de sintonía con los empresarios, el funcionario expresó que el plan es eliminar la Ley de Abastecimiento para garantizar la provisión de insumos básicos a la población y congelar precios. 

La norma en cuestión es la Ley 20.680, sancionada el 20 de junio de 1974, y fue modificada en 2014. En rigor, la ley regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población”, además de las “penalidades para los infractores”.

La normativa aprobada en 1974 sufrió modificaciones cuatro años más tarde, bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla. En 2014, se modificó para crear un Observatorio de Precios y eliminar las penas de prisión. Dos años antes estuvo a punto de aplicarse por falta de yerba mate y precios altos de ese producto. Se aplicó en 2011 por una suba en los combustibles y en 2013 por un incremento en el precio del trigo. 

Deudas comerciales

Con el objetivo de encarrilar el diálogo, diversas cámaras industriales se reunirán hoy a la tarde con funcionarios del Ministerio de Economía para empezar a resolver la pesada carga de las deudas comerciales por importaciones, que eran de USD55.000 millones hasta el 30 de junio.

"Es muy difícil (avanzar) en el corto plazo ya que no hay dólares. Implica un trabajo artesanal prácticamente caso por caso, durante la urgencia hasta normalizar flujos y stock de deuda", apuntaron fuentes de la industria automotriz a BAE Negocios. La cumbre tendrá la participación de entidades como ADEFA (terminales de vehículos), AFAC (autopartes) y Afarte (electrónica).

En forma conjunta, el gobierno abrirá un registro nuevo sobre la deuda comercial que tienen los importadores con sus proveedores y el Banco Central ofrecerá un bono en dólares para que esas empresas puedan empezar a cancelar los pasivos en el exterior. 

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