El 30 de noviembre vence el plazo para que las contratistas que se hicieron con las licitaciones de los corredores viales adjudicados mediante el esquema de Participación Público Privada (PPP) lleguen de común acuerdo con el Gobierno una rescisión. En los despachos oficiales se trabaja a contrarreloj con el objeto de no tener que optar por la extinción unilateral de los compromisos, una opción que temen podría derivar en una ronda de juicios millonarios contra el estado.

Hasta ahora, los únicos consorcios que se retiraron de ese negocio fueron los que encabezaba la firma Helport, de Eduardo Eurnekian, que había interpuesto una cautelar para recuperar las garantías por los proyectos E y F. Pero aún restan cuatro (A, B, C y Sur) que la cartera de Gabriel Katopodis puja por recuperar para poder relicitar sin que su decisión lo exponga a eventuales demandas en tribunales por parte de las empresas.

En el ministerio de Obras Públicas reconocen que “hay algunas con una posición más dura que otras”. Por ejemplo, según el portal Letra P, el corredor B, que está en manos de la empresa china CCA -asociada con la mendocina Green-, sería la más flexible a la hora de continuar con el contrato, en el marco del mayor acercamiento al gigante asiático que está ensayando la administración de Alberto Fernández.

El titular de Vialidad, Gustavo Arrieta, al firmar la rescisión de los contratos E y F

Ese medio también adelantó que mientras tanto, el consorcio que ganó la licitación para construir y mejorar las rutas comprendidas en el tramo Sur, recibió una sentencia a favor el martes pasado para recuperar las garantías que puso para iniciar el proyecto pero que, por la falta de financiamiento, avanzaron apenas un 2% en todos los casos.

El pionero en esa estrategia avalada por la Justicia había seguido Eurnekian y, al igual que con los corredores E y F, la Cámara de apelaciones le dio la razón en esta oportunidad a Rovella Carranza, para que pueda recuperar las garantias del tramo de cierre financiero y obras principales, que serán reemplazados con una contracautela de $5 millones “pudiendo ser reemplazada por un seguro de caución, títulos de deuda pública o bienes embargables”, de acuerdo al fallo de la Sala II que firmaron los jueces María Claudia Caputi, José Luis López Castiñeira y Luis M. Marquez.

Desde el ministerio de Obras Públicas transmitieron cierta preocupación por la posibilidad de que “no se cierre de común acuerdo”. “Eso es un problema porque te abre otro escenario judicial, escapándose de una cuestión administrativa”, señalaron las fuentes.

De ahí que la apuesta de Katopodis pase por consensuar una salida en donde el gobierno y los concesionarios establezcan en conjunto una cifra de resarcimiento a partir de las inversiones realizadas hasta ahora, pero que también tengan en cuenta los ingresos que tuvieron las constructoras por los peajes y comercios ubicados a lo largo de los caminos licitados. “Si vuela todo, el que va a poner el número va a ser otro, y probablemente no sea bueno para el Estado”, advierten en la cartera, en referencia a la amenaza que representaría para el fisco que se abra la instancia judicial.