La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, mantuvo una reunión de trabajo con rectores y representantes de universidades de todo el país para analizar los principales puntos de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria.

El evento contó con la presencia de 28 participantes de los establecimientos académicos y fue realizado mediante una videoconferencia a la que también asistieron el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, y el jefe de Gabinete del organismo previsional, Juan Pablo Yovovich.

Además, se firmó un convenio marco de colaboración con los rectores de las universidades de Hurlingham, Quilmes y José C. Paz, con la intención de promover capacitaciones, proyectos de investigación y asesoramiento técnico.

 

Raverta explicó: “Saldamos un objetivo que teníamos desde el organismo con el ámbito de las universidades de la Argentina, que era ponernos en diálogo con ustedes y compartir el significado de esta fórmula. Esta es la primera reunión de muchas que queremos tener”. Y agregó: “Nosotros creemos en el concepto de la comunidad y hoy nos ponemos en contacto con quienes forman y diseñan el futuro de nuestros jóvenes”.

Por su parte, Jaime Perczyk, dijo que “queremos conocimiento científicamente válido a disposición de las políticas públicas porque la universidad pública también vive y se sostiene porque existe la protección social”.

Principales puntos de la Ley de Movilidad Jubilatoria

1. Salarios

Esta nueva fórmula propuesta incluye tres variables:

• Salarios: variación semestral del valor de RIPTE  (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables)
• Recaudación Tributaria: variación interanual del semestre, se encuentra ajustada (dividida) por la cantidad de beneficios.
• Recaudación Total: variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos 12 meses y se encuentra ajustada (dividida) por la cantidad de beneficios.

Los aumentos serán aplicados de manera semestral, es decir dos veces al año.

La diferencia con la ley 26.417, sancionada en 2008, es que allí la evolución salarial se tomaba entre el índice que diera mayor entre el Ripte o el Índice de Salario que publicaba el Indec.

2. Recaudación

El otro 50 por ciento de la fórmula se actualizará en marzo de cada año por la recaudación tributaria de Anses, con impuestos como País, IVA, Ganancias o a los Combustibles.

3. Tope

En tanto, las subas semestrales que se otorguen en septiembre no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de la Anses (multiplicado por 1,03), por lo que habrá un tope a la variación anual. El tope también había estado vigente entre 2009 y 2017 y fue eliminado con la reforma de 2017. 

4. Actualización

Volverá a ser semestral como en la fórmula del gobierno de Cristina Kirchner, y dejará de ser trimestral como en los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri.

5. Rezago. 

Para el Gobierno, la actualización semestral permite achicar el “rezago”, para reducir la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios y que sea más “acorde” a la realidad económica de ese momento. Así, el aumento de marzo se basará en las variaciones de los salarios y la recaudación tributaria de Anses entre julio y diciembre del año anterior. En tanto, el de septiembre, entre enero y junio de ese año. “El retraso es de entre 3 a 9 meses (6 meses promedio), que es menos que la fórmula del 2017, que tenía un retraso de 6 a 9 meses (7,5 meses promedio)”, escribió Roberto Arias del Ministerio de Economía en su twitter.

6. Normativa

La propuesta del Gobierno incluye una cláusula de “legislación constante”, que no estaba vigente durante la fórmula de 2008, que establece que los cambios en la política tributaria no tengan efecto en la movilidad.

7. Inflación

La fórmula que se debatirá en el Congreso no contempla a la inflación como parte de los parámetros para la actualización, como si lo hacía la de 2017. Tampoco tiene un fondo compensador como proponían expertos en la Comisión Previsional, para los años como este en donde cae la recaudación tributaria y los salarios reales. "Una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos", destacó el Gobierno en un comunicado.

8. AUH

La propuesta del Gobierno influye en 18 millones de personas que perciben beneficios que se actualizan por la movilidad, como es la Asignación Universal por Hijo. En 2008 esto no ocurría.