La segunda etapa del blanqueo para la construcción termina el miércoles de la semana próxima y en el Gobierno hablan de una “alta adhesión” por parte de contribuyentes que decidieron ingresar al sistema fondos no declarados, con el objeto exclusivo de dedicarlos a obras privadas a las que les falte más del 50% para concluir.

El 9 de junio vence el plazo para pagar el impuesto especial por única vez con una alícuota del 10% (5% si era antes del 10 de mayo) y a partir de esa fecha y hasta su finalización un mes después pasará a ser del 20% del monto exteriorizado.

Ante ese escenario, un proyecto de ley firmado por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el jefe de bloque de Cambiemos, Cristian Ritondo, propuso extender la norma por 90 días más para lograr un mejor resultado, algo en lo que vienen insistiendo las constructoras y que le plantearon este martes en una reunión virtual al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. 

Sin embargo, en el ministerio de Economía ponen algunos reparos a que esta iniciativa pueda sancionarse, si se tiene en cuenta las complicaciones de funcionamiento que atraviesa el Congreso desde el inicio de la pandemia. Además, argumentan lo problemático que resultaría mantener abierta esa ventana demasiado tiempo, con tanta anticipación. “En el caso extremo, una empresa podría evadir impuestos todo ese tiempo, sabiendo que después puede ingresar al blanqueo”, ejemplifican a modo de hipérbole en el Palacio de Hacienda.

De todas formas, los funcionarios del equipo de Martín Guzman saben que para lograr el objetivo de dinamizar la economía y además obtener una oferta de dólares en los mercados paralelos, cuanto más tiempo esté disponible esa opción, más jugará a favor de la medida.

En ese sentido, recién el 7 de junio estará disponible el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) en la web de la AFIP. Allí figurarán las obras en marcha a donde se podrá volcar el dinero no declarado, siempre por debajo del 50% de avance o que hayan iniciado durante marzo.

Las grandes desarrolladoras apuestan a captar parte de este público premium con ventas de viviendas desde el pozo, pero en el Gobierno aclaran que también están en danza construcciones con apoyo estatal por ejemplo en la Rioja, y los casos en donde sean ahorros para levantar una casa propia, sin este tipo de intermediarios.

Desde Hacienda remarcaron que la mayoría de quienes adhirieron lo hicieron en moneda extranjera, el instrumento típico para acumular fondos en la Argentina, por lo que es poco frecuente la situación de “pasarse” a blue con pesos para aprovechar la brecha cambiaria y así, terminar pagando menos alícuota, algo que para algunos operadores había llevado a recalentar el paralelo. “Lo que está fuera del sistema, es todo dólar”, argumentan.

De hecho, se dio la opción de ingresar con moneda local porque en caso contrario, sí podría haber habido una disparada en la cotización de la divisa en las cuevas, evaluaban cerca de Guzmán.

Si bien los funcionarios del área evitaron dar precisiones de cuánto hubo de adhesión hasta ahora, mencionaron que “hubo muchas adhesiones de bancos” desde donde se realizaron los depósitos, y eso se reflejó en la suba de las reservas de mayo.

Las proyecciones de la Cámara de la Construcción oscilan en torno a los 5.000 millones de dólares en total, cifra que en los despachos oficiales se rebaja a unos más cautelosos 2.000 millones (1% de lo que el Indec estima se encuentra en el exterior sin declarar).

“Esto no va a ser como el Cedin, que iba orientado a cambiar la moneda de pago del sector inmobiliario”, comparó un alto funcionario ante la consulta de BAE Negocios por el último blanqueo ideado por Guillermo Moreno.