El Gobierno cumplió el cuarto y último paso administrativo para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la compañía prestadora del servicio de agua corriente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AySA) y especificó que hasta un 39% del las acciones que hoy componen su capital social podría destinarse a la cotización bursátil, es decir que operará en la Bolsa.

La autorización del procedimiento de privatización del 90% del paquete accionario de AySA se formalizó a través del decreto 494/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial. La normativa precisa que de ese porcentaje “al menos el 51%” se venderá a “un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional” y que el “remanente” para completar el 90% del total del capital social se venderá en “bolsas y mercados del país”, de lo que resultará una nueva sociedad cotizante en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El 10% restante se mantendrá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).

 

Privatización de AySA: cuarto paso administrativo

El decreto representa el cuarto paso administrativo del proceso privatizador, iniciado con la ley 27.742 de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y que en las últimas semanas se aceleró con la publicación de la resolución 221/2025 de la Secretaría de Obras Públicas, que aprobó el “Plan de Acción de Transición de AySA S.A. para el período 2024- 2026”, y siguió ayer con el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025,  que habilitó la incorporación de capital privado mediante la modificación del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales.

El Plan de Acción es considerado por el Gobierno como “una herramienta central para garantizar la continuidad, eficiencia y sustentabilidad de la prestación en el corto plazo, al tiempo que facilita la planificación futura de mediano y largo plazo bajo un nuevo esquema normativo, institucional y de gestión”.

Al respecto, sostiene que para su concreción serán necesarias inversiones de tal magnitud que el Estado no estará en condiciones de llevar a cabo sin afectar su desempeño fiscal, por lo que se hará necesaria la participación privada.

 

“Para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”, indicó el Gobierno en los considerandos de la norma, en los que agregó que “a fin de asegurar la continuidad del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales de manera eficiente, se impone la necesidad de realizar importantes inversiones que ni AySA no el Estado nacional se encuentran en condiciones de llevar adelante con recursos propios”.

Por tal razón, concluyó que “resulta necesario proceder a la privatización total de AySA a fin de contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.

 

Corte de servicio

 

El anuncio de la decisión de privatizar la empresa fue formulado el 17 de julio por el vocero presidencial, Manuel Adorni, previo a la publicación del DNU 493 y el decreto 494.

AySA -o la empresa concesionaria que quede a cargo del servicio luego de la privatización-, “podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora”, de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero del DNU.

En su anuncio, Adorni precisó que entre 2006 y 2023 el Estado realizó transferencias del Tesoro en favor de AySA por aproximadamente USD 13.400 millones, pero que, a pesar de esos recursos, “se ha producido un deterioro en la eficiencia y productividad” de la empresa, que se refleja en “una disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”.

 

Área de cobertura de AySA

El servicio actualmente a cargo de AySA estuvo a cargo hasta 1992 de la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN), que fue privatizada ese año en favor de Aguas Argentinas, con mayoría de capitales franceses, hasta su reestatización en 2006.

El área de cobertura de la concesión abarcó originalmente a la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López, respecto a los servicios de agua potable y desagües cloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de recepción de efluentes cloacales en bloque de los partidos de Berazategui y Florencio Varela.

Posteriormente, se incorporaron al ámbito de aplicación los municipios de José C. Paz, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, San Miguel, Presidente Perón, Escobar y Pilar.