El ambiente de tranquilidad y coincidencia casi absoluta entre el gobierno y los empresarios que se dieron cita en una nueva edición del Council of the Americas estuvo a punto de crujir cerca el final del encuentro, a raíz de una diferencia de opiniones entre el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien catalogó a la entidad mercantil como parte de la denominada “casta”.

El único punto conflictivo de la jornada tuvo lugar cuando el funcionario estaba repasando una serie de medidas tendientes a desregular regímenes y actividades e hizo mención a la iniciativa gubernamental de poner fin a la obligatoriedad de los aportes que los empresarios del sector deben hacer al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap).

En ese sentido, Sturzenegger abogó por que “los convenios colectivos no obliguen a pagar impuestos privados”, como definió a los aportes al Inacap, que el propio instituto presentó en su página web como “obligatorios” para “todos los empleados que se encuentren bajo la órbita del Convenio Mercantil” 130/75.

 

Recurso ante la Justicia

 

La controversia con Grinman tuvo lugar cuando Sturzenegger, en uso de la palabra, le pidió al titular de la CAC que “retire ese proyecto”, en alusión a un recurso presentado ante la Justicia para no innovar, que en rigor no fue presentado por la cámara sino directamente por el instituto.

Al tener una respuesta negativa por parte de Grinman, el ministro expresó: “la casta se defiende con uñas y dientes”.

“No me parece que haya que usar a la Justicia para que se paguen aportes obligatorios que entiendo que nadie quiere pagar”, manifestó Sturzenegger, en un pasaje que fue aplaudido por parte de la concurrencia y cuestionado por otros asistentes al encuentro en el Alvear Palace Hotel.

 

La respuesta de Grinman

 

Al terminar la exposición de Sturzenegger, BAE Negocios consultó a Grinman sobre el entredicho, y el directivo empresario sostuvo que “Federico está equivocado, porque la CAC no hizo ninguna presentación ante la Justicia”, ya que en rigor el pedido de la cautelar fue realizado por el Inacap.

“Le vendieron pescado podrido y compró; pero no importa, es un detalle que no cambia en nada la buena relación que tenemos”, agregó.

 

La historia detrás de la disputa

 

El 28 de febrero, el gobierno dictó el decreto 149, por el que dispuso que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

 

La medida fue celebrada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que objetó que “desde julio de 2008” los empleadores deben hacer aportes mensuales al Inacap “aunque el empleado nunca se capacite”, en lo que consideró “un autobeneficio” para “los mismos gremios empresarios que firmaron la paritaria”, en alusión a la CAC y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El Inacap recurrió ante el Juzgado Nacional de Trabajo 45, que dictó una resolución haciendo lugar a su pedido y ordenó la suspensión provisoria de la aplicación del decreto.

“En consecuencia, todos los empleadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo N.º 130/75 de empleados de comercio y servicios se encuentran obligados a continuar realizando el aporte mensual al INACAP en los términos del acuerdo colectivo vigente y homologado”, informó el instituto.