El espinoso camino para rescindir los contratos de Participación Público Privada (PPP) parece haber comenzado a despejarse, a raíz de un fallo favorable para Eduardo Eurnekian en la pelea por las garantías y cambios de figuras y tareas en los funcionarios del Gobierno que estaban a cargo de revisar las adjudicaciones.

Es que ayer por la noche, el consorcio liderado por Helport, que había ganado la licitación para los corredores E y F fue beneficiado con una sentencia por parte de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que le permitirá recuperar unos USD60 millones, al tiempo que en el sector privado tienen expectativa de llegar a un acuerdo con la cartera de Obras Públicas en diciembre, según analizaron a partir de un Zoom que mantuvieron el lunes con el ministro Gabriel Katopodis.

Los jueces Luis Márquez, María Claudia Caputi y José Luis López Castiñeira habilitaron al grupo que también conforman Panedile y Copasa -bajo el nombre de Corredor Panamericano II SA- a cobrar unos USD60 millones correspondientes al Cierre financiero y las Obras Principales del corredor F “por el plazo de seis meses”, según reza la resolución a la que accedió BAE Negocios.

Sin embargo, el beneficio no regirá para las garantías otorgadas en concepto de los Servicios Principales. 

Los contratos de PPP fueron ideados durante la gestión de Mauricio Macri pero sólo se llegó a adjudicar la primera tanda, correspondiente a seis corredores viales. La intención del gobierno anterior era llevar adelante proyectos de infraestructura en donde el financiamiento lo consiguieran los privados, mientras que el Ejecutivo afronta los pagos en cuotas, durante un período prolongado de tiempo. Sin embargo, con el cierre de los mercados internacionales las tareas se vieron imposibilitadas de avanzar.

A partir de este escenario, la cartera de Obras Públicas apuntó con el cambio de gobierno a rescindir los contratos y como puntapié para la negociación intimó a los consorcios ganadores que incrementen las garantías, según se estipulaba en una  adenda firmada en 2019.

Sin embargo, las conversaciones entraron en zona de turbulencia cuando el consorcio liderado por Helport acudió a la justicia para recuperar esas garantías, situación que ayer por la noche se resolvió a favor del grupo de Eurnekian.

Esta disputa por las garantías terminó en la eyección de tres funcionarios de Katopodis, según había anticipado el portal Letra P: el jefe de Gabinete, Gerardo Otero; el gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad, Gerardo Tarchinale; y el jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Juan Manuel Prada.

Ante esos cambios, Katopodis organizó el lunes un Zoom con los empresarios ganadores de los contratos con el objetivo de traer armonía al sector. “Fue una reunión corta, que sirvió más como un gesto de normalización”, explicaron a este medio desde una constructora.

Es por eso que a partir del fallo judicial y de la decisión del presidente Alberto Fernández de correr al encargado de jefatura de Gabinete de los PPP, Federico Molina, que en las compañías proyectan que pueda llegarse a un entendimiento dentro de 90 días.