El Gobierno suspendió por un año la recepción de solicitudes de inscripción de nuevas asociaciones de defensa del consumidor, con el propósito de evaluar en ese lapso los “criterios de representatividad” de las entidades que desean sumarse a las 43 que actualmente están registradas oficialmente, de las que más de la mitad están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

La suspensión se concretó mediante la disposición 3/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada hoy en el Boletín Oficial, y en ella se advirtió que, además de revisar las aptitudes de los postulantes, no se descarta un “reempadronamiento” de las actualmente inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.

 

Cuántas asociaciones están registradas

 

De acuerdo con la información contenida en el registro, hay 43 asociaciones de consumidores reconocidas en todo el país, de las que 22 tienen sede en CABA, 7 en la provincia de Buenos Aires y 14 en el resto del territorio nacional.

La norma recuerda en sus considerandos que por disposición 455 de agosto de 2024 “se actualizaron los requisitos necesarios para la inscripción o reinscripción de las asociaciones de consumidores y usuarios”.

 

Revisión integral

 

De esa manera, explicó la Subsecretaría, se inició “un proceso de revisión integral del régimen de asociaciones de consumidores y su inscripción registral, en orden a la adecuación y simplificación de dicho régimen, con la finalidad de coadyuvar a un mejor funcionamiento del sistema”.

Esa medida se tomó ante “la significativa cantidad de las asociaciones inscriptas en relación con las existentes en los registros provinciales”, así como “determinadas previsiones legales que hasta la fecha no han sido debidamente ponderadas”.

 

Criterios de representatividad

 

Entre esas previsiones, se destacaron “criterios de representatividad, modalidades de autofinanciamiento y planes de acción futura por parte de las asociaciones de consumidores registradas”, que ameritan “disponer adecuaciones al régimen general de inscripción”.

La Subsecretaría advirtió que “lo consignado no implica descartar que, luego de la revisión integral del sistema y sus normas de registro, se concluya también en la necesidad de un reempadronamiento de las existentes”.