El gobierno catalán comenzará a expropiar viviendas vacías pertenecientes a grandes tenedores en 14 municipios declarados como área de fuerte demanda de vivienda, para dedicarlos a alquiler social al que podrán acceder personas vulnerables y en riesgo de exclusión.

Según explicaron desde el Gobierno catalán a elEconomista.es,  la expropiación inicial será de entre 50 y 70 viviendas incluidas en el Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante (RHBO). Es decir, los pequeños propietarios no se verán afectados.

Patrícia Plaja, portavoz del conseller de Territorio de la Generalitat, Juli Fernàndez, explicó que en una primera fase se actuará en 14 municipios. Se trata de Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Vic, Viladecans, Vilanova y la Geltrú (Barcelona), Figueres, Lloret de Mar, Salt (Girona), Reus, Roda de Berà, Tarragona y Valls (Tarragona).

La intención del Govern es presionar de esta forma para que se empiecen a "mover" las viviendas que están vacías. Con el decreto estiman que los propietarios pongan los pisos en el mercado de alquiler social y que más municipios firmen convenios con la Generalitat para ampliar el número de departamentos en este mercado. Ya que si no lo hacen de motu proprio, lo harán por obligación.

El decreto habilita a la Generalitat a iniciar el proceso de expropiación de viviendas vacías por incumplimiento de la función social de la vivienda después de que las inspecciones de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) hayan destapado hasta 189 viviendas vacías durante más de dos años sin causa justificada (no tiene en cuenta las okupaciones ilegales).

La Generalitat enviará el requerimiento en los próximos días y la propiedad tendrá un mes para acreditar que la vivienda está ocupada o en proceso de ocupación. Si no lo demuestra, se abrirá un plazo de tres meses para alcanzar un acuerdo de compraventa con la Generalitat.

Consumido ese tiempo, si no hay acuerdo, la norma prevé que se pueda expropiar por procedimiento de urgencia para tener disponibles los pisos para personas vulnerables. La Generalitat estima que a principios de 2024 podrán tener lugar las primera expropiaciones de estos inmubles.

Es la primera vez que la Generalitat usa la expropiación como instrumento para aumentar el parque de vivienda de alquiler social, y el Govern no descarta que los diferentes procedimientos puedan generar litigios. La medida, explicaron funcionarios, tiene su base en la Ley 1/2022 de la Generalitat, que establece que el Govern o los entes locales pueden expropiar por incumplimiento de la función social del derecho de propiedad, que se produce cuando una vivienda permanece desocupada de forma permanente e injustificada durante más de dos años.

"El Govern usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas. El objetivo es que viva gente en los pisos vacíos", señalaron los funcionarios. Se trata de un paso más para lograr el objetivo del Govern de incorporar 10.000 pisos al parque de vivienda pública de alquiler.

La Generalitat destinará cinco millones de euros a la expropiación de esas 50-70 viviendas, pero el montante se podrán ampliar en el futuro si se alcanzan acuerdos con nuevos municipios que se sumen a la iniciativa. El presupuesto saldrá de las arcas del Institut Català del Sòl (Incasòl), mientras que el alquiler lo gestionará la Agència de l'Habitatge de Catalunya.