El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil solicitó prisión preventiva para Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien acusa de participar en una trama golpista desde Estados Unidos con el respaldo del exmandatario Donald Trump.

La acusación fue presentada por Lindbergh Farias, jefe del bloque del PT en la Cámara de Diputados, quien afirmó que Eduardo Bolsonaro incurre en un "delito de traición a la nación", al intentar interferir contra las instituciones brasileñas utilizando redes sociales y apoyo extranjero.

El diputado brasileño, que permanece en Estados Unidos desde febrero, anunció que no renunciará a su escaño, pese a que su excedencia ya finalizó. Según Farias, sus recientes declaraciones forman parte de una "campaña coordinada" de intimidación a las autoridades de Brasil.

"Esta persona no puede continuar utilizando las redes sociales libremente para cometer sus crímenes", sostuvo el legislador, en declaraciones recogidas por el portal G1.

Por su parte, el presidente del PT, Edinho Silva, consideró que las manifestaciones de Eduardo refuerzan las denuncias sobre una conspiración golpista impulsada desde el exterior en la antesala de las elecciones de octubre de 2022.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Brasil avanza con una investigación sobre Eduardo Bolsonaro por presuntos delitos de coacción y obstrucción de la justicia, relacionados con el intento de golpe de Estado que involucró también a su padre. El expresidente Jair Bolsonaro ya fue sometido a medidas judiciales y se le colocó una tobillera electrónica.

Según los investigadores, se habrían utilizado hasta dos millones de reales (unos 300.000 euros) para promover, desde Estados Unidos, una campaña de presión internacional que incluyó la defensa de sanciones a autoridades brasileñas, entre ellas jueces del Supremo Tribunal Federal, cuyas visas fueron revocadas por Washington.

En paralelo, la Fiscalía brasileña solicitó en su alegato final que el expresidente sea declarado culpable en el juicio por el intento de golpe de Estado, lo que podría derivar en una condena de hasta 40 años de prisión e inhabilitación política permanente.

El caso involucra a otros siete integrantes del círculo cercano del expresidente, acusados de asociación ilícita, tentativa de abolir el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio público, en el marco de los disturbios del 8 de enero de 2023.