El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un nuevo permiso de trabajo pago, para evitar que los trabajadores deban desplazarse cuando ocurren circunstancias climáticas extremas, como la trágica DANA del mes pasado en Valencia.

Según explicó la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se trata de un permiso de cuatro días, pensados para hacer frente a situaciones de emergencia como ocurrida hace un mes en la provincia de Valencia, con inundaciones que dejaron más de 220 muertos.

"Ningún trabajador tiene que correr ningún riesgo", enfatizó la funcionaria. De acuerdo con lo previsto en la nueva regulación, transcurrido el periodo de cuatro días las empresas tendrán la posibilidad de que sus trabajadores cobren un Erte (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por causa de fuerza mayor.

Además, la iniciativa estipula otras dos medidas. Por un lado, establece el derecho de los trabajadores a ser "convenientemente informados por parte de las empresas de lo que deben y no deben hacer ante situaciones de emergencia climática", explicó Díaz.

En los hechos, este punto obliga a las empresas a informar a sus trabajadores lo antes posible acerca de los riesgos y medidas que deberán llevarse adelante ante una eventualidad climática severa. También deberán adoptar planes preventivos y dar instrucciones para interrumpir las actividades hasta que haya cesado el peligro.

Por otra parte, las empresas dispondrán de un plazo de 12 meses para elaborar protocolos climáticos, debido a que son las que mejor conocen los riesgos que afrontan en función de la actividad que desarrollan y su ubicación. Asimismo, la nueva normativa permite a los representantes sindicales acordar la paralización de la actividad, sin consecuencias para ellos ni para el resto de los trabajadores.

"Tenemos que tener en cuenta la importancia en avanzar en las medidas de prevención", remarcó por su parte el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo.

El Consejo de Ministros también aprobó el tercer paquete de ayudas a los afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre, por valor de más de 2.200 millones de euros, entre los que se incluyen ayudas directas de hasta 10.000 euros por la compra de un coche, nuevo o de segunda mano.