Bruselas propone aplicar fuertes recargos por pagar tarde las facturas
Las multas llegarían hasta los 150 euros, de acuerdo con la nueva Directiva contra la Morosidad, que modifica una norma del 2011
La Unión Europea (UE) prepara una normativa por la cual se aplicarán recargos de hasta 150 euros a deudores que paguen tarde las facturas a empresas y autónomos.
El último texto aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 24 de abril propone un sistema de recargos para los clientes que no paguen las facturas a tiempo, con el objetivo de cubrir los costos que le genera al acreedor (ya sea empresa o autónomo) el tener que reclamar el dinero.
Los recargos serán de 50 euros para facturas de entre 100 y 1.500 euros; de 100 euros; para facturas por un importe de entre 1.500 y 15.000 euros; y de 150 euros, para facturas superiores a los 15.000 euros. Además, se prevé un esquema por el que el deudor que pague tarde deberá abonar también intereses por la demora..
Los primeros borradores del texto apuntaban a que estos intereses se calcularan en función del tipo de referencia aplicado por el Banco Central Europeo (BCE) a las principales operaciones de refinanciación (actualmente en el 4,5%) más ocho puntos porcentuales. Por lo tanto, podrían ascender al 12,5% del montante de la factura. No obstante, ahora el Reglamento da libertad a los países para aplicar sus propios intereses.
Protección
Este texto normativo se está elaborando con el objetivo de reformar la Directiva contra la morosidad de 2011 para proteger a las empresas, especialmente a las pymes, y a los trabajadores autónomos de los retrasos en los pagos de sus clientes (ya sea la propia Administración pública u otra empresa privada) que le puedan generar una situación de asfixia económica para hacer frente a sus obligaciones más inmediatas.
Entre los aspectos más significativos del Reglamento, destaca que se limitará el plazo máximo de pago a 30 días tras la recepción de la factura por el acreedor, tanto para las empresas deudoras como para la Administración pública. No obstante, Europa permitirá a cada país reducir aún más el plazo.
La norma afectará a los pagos entre empresas o entre una compañía y la Administración por la prestación de servicios, entrega de bienes, el diseño y la ejecución de obras públicas u obras de construcción e ingeniería civil. Quedan fuera las operaciones entre consumidores.
