Con "la Alcatraz de los caimanes" en la mira judicial, DeSantis abre otra cárcel para migrantes en Florida
El centro de los Everglades, acusado de condiciones insalubres, enfrenta un freno a nuevas obras. Pese a ello, el gobernador anunció una prisión para 1.300 detenidos más.
El polémico centro de detención de inmigrantes en los Everglades, apodado en inglés "Alligator Alcatraz" —la Alcatraz de los caimanes—, enfrenta denuncias por condiciones "deplorables": personas con síntomas de COVID-19 sin aislamiento, inundaciones en carpas y presiones para que firmen órdenes de deportación antes de hablar con un abogado.
La causa llevó a un juez federal a ordenar, la semana pasada, la suspensión de cualquier nueva obra en ese complejo durante 14 días, para evitar daños al ecosistema del humedal. El centro, levantado hace poco más de un mes en una pista aérea aislada, sigue recibiendo detenidos mientras se define el caso.
En medio de la controversia, el gobernador republicano Ron DeSantis anunció la apertura de otra cárcel para migrantes. Funcionará en el Baker Correctional Institution, una prisión cerrada desde 2021 en el norte de Florida, cerca del aeropuerto de Lake City. Tendrá capacidad inicial para 1.300 detenidos, ampliable a 2.000, y estará bajo control de la Guardia Nacional y contratistas estatales.
DeSantis defendió la medida como parte de su estrategia para "procesar, organizar y devolver a los inmigrantes ilegales a su país de origen". La adaptación del predio —que incluirá la instalación de aire acondicionado— demandará unos USD 6 millones y podría completarse en dos o tres semanas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió el modelo de Florida como "un ejemplo" para otros estados, en coordinación con la administración del presidente Donald Trump.
A un mes de la llegada de los primeros detenidos, el centro de detención improvisado en los Everglades acumula graves denuncias por parte de internos y organizaciones de derechos humanos.
Testimonios relatan que hay más de 30 personas encerradas tras rejas de malla metálica, con escaso acceso a baños y duchas, filtraciones durante las lluvias, cortes de aire acondicionado e infestación de insectos.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda por "graves violaciones al debido proceso" y advirtió que muchos detenidos no tienen orden final de deportación.
La alcaldesa de Miami-Dade denunció la falta de autorización formal y la ausencia de comunicación sobre el uso de tierras públicas para instalar el penal.
Funcionarios estatales prometieron habilitar visitas legales, pero persisten las críticas por el aislamiento, la falta de recursos médicos y el alto costo del centro, estimado en USD 450 millones anuales.
